Nulidad de la acusación pidieron, defensores de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro y extrabajadores de FVBCH

Managua, 03 de septiembre, 2021. El día de ayer en horas de la mañana y parte de la tarde se realizó en la cárcel “Nuevo Chipote”, la más temida del país por su historial de violaciones a los derechos humanos, la audiencia inicial en contra de los hermanos Cristiana María Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro: Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva y al conductor de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro: Pedro Vásquez Cortedano

La audiencia se desarrolló en medio de un desproporcionado y sin sentido despliegue policial al interior del complejo carcelario, también conocido como Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. A los acusados se les ha violentado el principio constitucional de presunción de inocencia, ninguno representa una amenaza para sociedad, por el contrario, es de sobra demostrado que son ciudadanos ejemplares, sin embargo, los mantuvieron esposados por largo tiempo y custodiados por celosos efectivos policiales.

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Los defensores de los acusados pidieron, a la Juez Karen Chavarría, que declarara la nulidad del proceso por haberse violado los derechos constitucionales de sus defendidos desde el inicio del proceso. Entre las causas de nulidad alegadas están el hecho de que se ha violado la gran mayoría de los derechos constitucionales de los acusados, tales como: Ser juzgados en audiencia pública; a no ser sometidos a tortura física, psíquica o moral; a la presunción de inocencia; al derecho a la defensa; el derecho a estar asistido por abogados; a ser informados de los hechos supuestamente delictivos de que se les acusa, pues, a la mayoría se le mantuvo en total aislamiento y nunca autorizaron reuniones con los defensores, ni se dio acceso al expediente, a pesar de haberlo pedido en decenas de escritos, llegando al extremo de que, hasta el momento de la audiencia, tuvieron conocimiento de la acusación. A pesar de ser tan claras las violaciones, la judicial rechazó la nulidad.

Por el contrario, el Ministerio Público tuvo ventajas y privilegios evidentes, se tomó más de tres meses para preparar su acusación, realizó entrevistas a una infinidad de personas, emitió más de 70 comunicados sobre el proceso y contó con todos los recursos del Estado, mientras los procesados se mantuvieron privados de libertad.

De esta forma se les violó el derecho de disponer del tiempo y los medios para preparar su defensa, contenido en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua. Se le expresó a la judicial que en el proceso se violó el derecho a la defensa de los procesados por que no se les permitió entrevistarse de previo y libremente con sus abogados, cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional, durante casi cuatro meses han estado interrogando constantemente a los recluidos en la cárcel el Nuevo Chipote.

Hasta ese momento de la audiencia inicial, casi todos los acusados pudieron ver a sus abogados. Igualmente se pidió que se declarara la nulidad de las audiencias de Garantías Constitucionales y la audiencia Preliminar, mismas que se realizaron de forma secreta, a horas inusuales y sin la presencia de los defensores nombrados por los acusados, lo que constituye una violación a sus derechos constitucionales y al Código Procesal Penal que genera la nulidad de todo lo actuado.

A pesar de que el Ministerio Público en sus comunicados y la misma Juez admitieron que los hechos alegados son ciertos, la Juez Karen Chavarría rechazó declarar la nulidad del proceso, pese a la violación de los derechos constitucionales de los procesados. Los defensores también protestaron por las condiciones de detención de sus representados que han sido sometidos a interrogatorios constantes, hasta en horas de la madrugada, aislamiento y supresión del régimen de visitas, causando serias afectaciones a la condición emocional y física de sus representados.

Después de que la Juez rechazó las nulidades alegadas, los defensores le pidieron que rechazara la acusación por no cumplir con los requisitos de ley, desvirtuaron los cargos y pidieron también que se procediera a dejar en libertad a sus representados, quienes ya han sido sometidos a una injustificada y prolongada prisión sin que hayan sido juzgados ni condenados y, en su defecto, que se les otorgara medidas cautelares alternas que la misma Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha expresado que procede en estos casos.

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A pesar de la solidez de las peticiones y la fundamentación exhaustiva por parte de los defensores, la Juez, como siguiendo un libreto, no dio lugar a ninguna, las rechazó todas y remitió la causa a juicio, sin fijar fecha para el mismo.

De esa forma concluyó la audiencia inicial que, de acuerdo con la Constitución Política de la República, debió realizarse de forma pública, con la presencia de familiares y amigos de los acusados, abierta al periodismo y al público, no obstante, se realizó tras los muros y cerrojos de una cárcel extremadamente custodiada por el órgano policial. Otra nulidad más.