“Represión sin precedentes”: Nicaragua entra en lista de vigilancia CIVICUS
Nicaragua ha sido el país más reciente en ser incorporado a la lista de vigilancia de CIVICUS, la organización que monitorea el estado de los derechos y libertades en todo el mundo, en vistas de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no ha implementado ningún cambio legislativo para asegurar un proceso electoral con garantías.
Este ha sido el reclamo desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros países de la comunidad internacional.
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“En el caso de Nicaragua, desde mayo, lo que hemos visto es que ha habido una campaña muy fuerte, una represión sin precedentes contra la sociedad civil y la oposición en el país”, comentó Debora Leao, investigadora en el programa CIVICUS, en declaraciones a la Voz de América.
Gran preocupación
Leao citó cómo “decenas de opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras que han sido críticas con el gobierno de Nicaragua han sido detenidas y procesadas”.
Explicó que estos hechos han generado una gran preocupación tanto en los sectores opositores como en el exterior. En este escenario -reafirmó- es imposible realizar unas elecciones “con garantías”.
En esa línea, Leao criticó las acciones del ejecutivo nicaragüense para amedrentar a los medios de comunicación independientes y silenciar las voces de los candidatos opositores y otros activistas.
“Las autoridades continúan intimidando a periodistas y a los pocos medios independientes que siguen actuando en el país y a las personas defensoras y opositoras. Para nosotros, estos movimientos son una reducción muy grande del espacio cívico y son parte de la estrategia del gobierno para silenciar a personas críticas y opositoras antes de las elecciones de noviembre”, agregó en entrevista con la VOA.
Una afirmación que, a su juicio, se justifica después de que “seis de las personas que están detenidas habían anunciado su intención de presentar su candidatura a la presidencia de Nicaragua”, por lo que “esa estrategia está muy clara”.
Un llamado a la comunidad internacional
“Como mínimo, el gobierno tiene que retirar los cargos y poner en libertad a las personas que fueron detenidas por simplemente ejercer sus libertades políticas y civiles”, subrayó.
La incorporación de Nicaragua a esta lista de vigilancia de CIVICUS se hace con el objetivo de “llamar la atención” y “sonar la alarma en la comunidad internacional” para visibilizar la problemática que hay en el país.
“Se puede hacer mucho más (desde la comunidad internacional) para presionar a los gobiernos para que haya cambios y para proteger a la sociedad civil”, explicó la portavoz de CIVICUS.
Con todo, desde esta organización internacional sin fines de lucro, recalcan que “es imposible tener elecciones libres sin garantizar el derecho a manifestarse”, algo que está prohibido según la legislación vigente en Nicaragua, “el derecho de la prensa y de los candidatos de la oposición a participar de forma justa”.
En busca de apoyo de la ONU
Así que la incursión de Nicaragua en esta lista de vigilancia de CIVICUS podría permitir la puesta en marcha de “iniciativas multilaterales” en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de manera que se pueda “garantizar una verificación de estas violaciones de derechos humanos” en Nicaragua y que “también proporcionen la rendición de cuentas y la justicia a las víctimas de esas violaciones”.
Para realizar este monitoreo, CIVICUS se basa en la información que proporcionan los miembros de su red, algunos de ellos desde dentro de Nicaragua, así como también de los socios de investigación regionales “que trabajan directamente con organizaciones nicaragüenses y otros expertos”.
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“Son múltiples fuentes de información para verificar estos países donde hay una disminución del espacio cívico. Los criterios de incursión son bastante flexibles y nosotros hacemos una discusión con nuestra red para entender cuáles son los países en los que se puede hacer un poco más de incidencia, arrojar luz y hacer sonar la alarma más fuerte”, insistió la investigadora de CIVICUS.
¿Qué pasará después de las elecciones?
La gran incógnita es qué pasará después de las elecciones generales previstas en Nicaragua. “Puede haber un recrudecimiento”, pronostica Leao aunque admite que hay mucha presión tanto dentro como fuera del país “para que las cosas cambien”.
“No creo que la situación cambie de forma tan rápida, pero sí que hay muchas personas en Nicaragua que están dispuestas a trabajar para el país y para que la situación cambie en el futuro”, afirmó.
Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de la organización ambientalista Del Río y coordinador de Red Local, que trabaja estrechamente con CIVICUS en la cuestión nicaragüense, denuncia que “lo que se avecina no son elecciones porque no hay un proceso de garantías democráticas del proceso electoral” ya que actualmente “hay presos políticos” en el país.
"Ambiente de tensión"
“Hay un ambiente de tensión por las violaciones a los derechos humanos, hay una restricción a la movilización social”, dijo sin obviar que, además, “hay una crisis económica, vinculada a la pandemia del coronavirus, por la negligencia y la irresponsabilidad de no atender esta situación”.
En 2018 se registró una movilización masiva en todo el país en el que se reclamaba al gobierno mejores prestaciones sociales por la grave crisis en la que estaba sumida el país y que aún perdura hoy en día. Las protestas, que fueron violentamente reprimidas, dieron la vuelta al mundo recibiendo la condena de organizaciones internacionales.
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Sin embargo, nada cambió desde entonces y la situación ha empeorado. Ruiz dice que “el descontento social ya fue demostrado en 2018” y que “las acciones desde adentro ya se hicieron y siguen haciéndose con un nivel menor de visibilidad por la situación de violación de derechos humanos” porque “120.000 personas han salido por razones políticas del país”.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
En el plano internacional -afirma Ruiz- “también se hicieron algunas cosas”. “Al menos seis países se han pronunciado sobre el desconocimiento de esta farsa electoral. Estamos identificando y recopilando todas las evidencias técnicas, políticas y de actuación por parte del régimen de Nicaragua para demostrar internacionalmente que este proceso es un proceso de corrupción, lleno de farsa y que no es un proceso democrático de elección”.
El activista nicaragüense exiliado en Costa Rica pide “que los países y la comunidad internacional tomen una decisión alrededor de la legitimidad de este proceso” al considerar que no se han implementado reformas electorales.