Jueces interrumpen proceso judicial contra presos políticos

Familiares de algunos presos políticos detenidos a partir de junio de 2021 informaron que los procesos judiciales fueron interrumpidos por exceso de “carga laboral”, lo cual es una grave violación a las grantias constitucionales. 

Ana Lucia Álvarez, hermana de la prisionera Tamara Dávila, informó a 100%Noticias que el caso de su hermana fue puesto en pausa por un juez sandinista.

“No solamente deja en el limbo el caso, sino que no hay ningún tipo de juez que esté tutelando los derechos y garantías, además de eso los casos pasaron como un mes y medio sin se radicados, entonces no hubo ni un solo juez que estuviera a cargo del tutelaje de los derechos y las garantías de nuestros familiares”, manifestó Álvarez 

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Para Álvarez, la interrupción del cómputo del plazo máximo de duración del proceso se traduce en retardación de justicia. 

“Dicen que tienen mucho trabajo y que por ende van a ver más dilaciones, lo cual es contrario a sus derechos y garantías porque lo que hay es una retardación en el acceso a la justicia, es una artimaña más de la dictadura a través de estos operadores políticos”, manifestó

La semana pasada el abogado Gerardo Gonzales, defensa del preso político y periodista Miguel Mora, denunció la interrupción indefinida del proceso judicial por parte de Nadia Camila Tardencilla, jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, quien alegó exceso de carga laboral como “fuerza mayor” para interrumpir el cómputo del plazo máximo de duración del proceso.

La notificación judicial con fecha 21 de octubre señala que el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de la circunscripción Managua resolvió radicar el caso de Miguel de los Ángeles Mora Barberena en el despacho, pero ordena interrumpir el cómputo.

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“La juez se voló todo el Código Procesal Penal, se interrumpe los términos por fuerza mayor, la juez está diciendo que su carga de trabajo y la posibilidad que le asignen otras causas es un elemento de fuerza mayor, por eso, ella considera que el exceso de trabajo interrumpe indefinidamente el cómputo, se voló todo el proceso de garantías mínimas al debido proceso en el artículo 34 de la constitución política”, manifestó Gonzales.

La Constitución Política en el Art. 34, Garantías mínimas, establece que “Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción”