¿Qué desafíos enfrenta Nicaragua en derechos humanos y economía?
Los nicaragüenses aguardan entre temores e incertidumbre que lo que depara el futuro en los temas de derechos humanos y la estabilidad y desarrollo económico después del triunfo del oficialismo que le dio otros cinco años de gobierno a Daniel Ortega.
En derechos humanos la preocupación está centrada en la situación de los presos políticos ahora que Ortega advirtió en su más reciente discurso que no hay espacio para el diálogo y mucho menos planes para liberar a los detenidos en el marco del contexto electoral del 7 de noviembre.
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Ana Lucia Vijil, hermana y sobrina de las presas políticas Tamara Dávila y Margarita Vijil, expresó a la Voz de América su preocupación por esas declaraciones.
“Él es una autoridad política y cuando una autoridad política incita un discurso de odio y habla de una forma tan despectiva de ciudadanos y de ciudadanas, y de personas que están secuestradas por él mismo, claro que aumenta nuestra preocupación por su seguridad. Nosotros ya hemos venido diciendo que hay un riesgo inminente a la vida de ellos”, dijo Vijil.
En cuanto a la economía, se cuestiona cuánta estabilidad pueda garantizar el reelegido gobierno cuando la comunidad internacional está desconociendo el proceso y el gobierno sandinista se encuentra cada día más aislado.
Según el analista político Enrique Sáenz, “tenemos la dinámica de la crisis política, económica, de desempleo, de carestía de la vida, e internacional, pues Ortega no ganó nada con esta pantomima”.
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“No es lo que yo pienso, es lo que dicen los datos oficiales”, dijo Sáenz a VOA. “Lo que dicen los datos oficiales del gobierno es que hay un agravamiento del desempleo, del subempleo de la carestía de la vida (…) y que este cruzamiento internacional de crisis políticas y las repercusiones sociales de las crisis con Daniel Ortega en el poder únicamente tienden a agravarse”.
En tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, a las que calificó como “ilegítimas¨, y compartió un informe en el que se plantea que sean anuladas.