Dictadura acusa de “Ciberdelitos” a economista Harry Chávez, extrabajador del Ipade y lo envía a La Modelo
La dictadura de Nicaragua acusa a Harry Chávez, de 64 años de edad, extrabajador del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y o acusan de infringir la Ley 1055 o “Ley de Soberanía” y la Ley Especial de Ciberdelitos, aduciendo supuestas publicaciones en sus redes sociales relacionadas a la Ley Renacer, recientemente aprobada por el Senado de Estados Unidos.
El economista, fue capturado por dos sujetos de civil el pasado 6 de noviembre, en víspera de las votaciones en Nicaragua, cuando se encontraba en su vivienda en compañía de su familia.
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Los familiares de Chávez negaron los hechos y señalan que “no hay pruebas” en contra de Harry, quien trabajó en el asaltado Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade). Cuando la sancionada Policía, pero ya estaba jubilado cuando el Gobierno se tomó estas instalaciones.
Sacado de la casa
Un día antes de las desprestigiadas votaciones en Nicaragua, la Sancionada Policía emprendió una feroz cacería contra los opositores, encarcelando a varios de ellos en los diferentes departamentos y municipios del país. Ese día, la noche del seis de noviembre, Chávez fue sacado de su vivienda por los agentes, quienes le dijeron que lo trasladarían al nuevo Chipote para “hacerles unas preguntas”, pero fue secuestrado.
“Chávez, de 64 años, acudió al llamado de la puerta de su casa hecho por dos hombres cerca de las 7:20 de la noche del 6 de noviembre. Los sujetos se identificaron como policías y le informaron que debía acompañarlos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “el nuevo Chipote” para hacerle algunas preguntas, y posteriormente, regresaría. Sin embargo, lo encarcelaron, de “forma arbitraria e ilegal, sin mostrar orden alguna de captura”, indica su familia, quienes demandan su libertad.
Al día siguiente de la detención, sus familiares lo buscaron en “el nuevo Chipote”, pero los agentes negaron que estuviera en la DAJ, pese a que los oficiales de civil aseguraron que lo llevarían a ese complejo policial.
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El economista fue recluido en el Distrito I de la Policía y ahí permaneció por casi un mes, incomunicado de sus familiares. No obstante, respetaron su derecho a la entrega de alimentos, jugos, y agua, señalaron sus familiares.
Trasladado a La Modelo
Sin brindar algún tipo de notificación a los familiares de Chávez, la Policía lo trasladó a las celdas del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, ubicado en el municipio de Tipitapa, tras una audiencia preliminar e inicial semanas atrás.
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Una abogada estuvo presente en la audiencia de Chávez y conoció los delitos que le imputan. Sin embargo, en el sistema electrónico del Poder Judicial no se muestra la acusación, aseguró bajo anonimato un familiar del detenido, al medio Confidencial.
De acuerdo con el relato del medio digital,Harry Chávez “está bien preocupado y confundido” porque la acusación en su contra “no tiene sentido y no hay nada”, incluso, contó que el día que lo detuvieron no sabían qué hacer con él, indica el medio.
Chávez desempeñó hasta el 2017 el cargo de coordinador del programa electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), cuya personería fue cancelada junto a otras ocho organizaciones en diciembre de 2018. Cuando la Policía asaltó las instalaciones del Ipade, Chávez ya estaba jubilado.
Nunca sufrió amenazas
Los familiares del reo de conciencia informaron que aunque Chávez estaba jubilado, siempre realizaba algunas consultorías como contador independiente y aclararon que él nunca formó parte de alguna organización política.
“Tampoco había recibido amenazas o seguimiento por parte de la Policía o personas de civil”, indica su familiar, que asegura que todos están muy preocupados por él, en especial, por ser una persona de 64 años.
Aunque no padece enfermedades crónicas, su familiar asegura que “estaba teniendo problemas en la espalda con un divieso”, y temen que se pueda complicar por las condiciones de salubridad y se desarrolle una infección.
Hasta el 26 de noviembre, el régimen orteguista había apresado a 27 nicaragüenses, a quienes mantenía sin acceso a visitas familiares y aislados, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Trece de los detenidos fueron acusados por la “Ley de Soberanía” y la Ley Especial de Ciberdelitos.
CENIDH condena traslados
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este miércoles en su cuenta de Twitter que los “presos políticos” detenidos entre el 6 y 7 de noviembre, fueron trasladados de las delegaciones policiales a “La Modelo” y a la cárcel para mujeres, “La Esperanza”.
“Condenamos esta acción del régimen Ortega-Murillo que evidencia su decisión de privarlos de libertad, siendo inocentes”, señaló la organización mediante su cuenta de Twitter.
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El Cenidh calificó la decisión como “abuso de autoridad” porque en los penitenciarios permanecen dos categorías de reos: procesados y condenados. Sin embargo, los procesos judiciales contra estos nicaragüenses permanecen ocultos del sistema digital del Poder Judicial, por ende “no hay registro” de las causas.
Entre los detenidos que fueron trasladados, y sus casos son conocidos públicamente, se encuentran la joven Samantha Jirón Padilla, quien pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y fue detenida el nueve de noviembre por policías de civil, y Eveling Pinto, de 62 años, capturada el pasado 6 de noviembre en su vivienda en Managua.