Donald Alvarenga primer opositor declarado culpable bajo la ley de ciberdelitos en Nicaragua
El opositor nicaragüense Donald Margarito Alvarega Mendoza fue declarado culpable por la justicia orteguista, por supuestamente incurrir en una conducta de “subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional”, esto bajo la cuestionada Ley de ciberdelitos aprobada por los diputados sandinistas, convirtiéndose en el primer opositor condenado por esta ley, según detalla en un reporte el medio digital Despacho 505.
El disidente del régimen tiene 56 años de edad y es originario de Chichigalpa, fue apresado la noche del 6 de noviembre en su vivienda, en una redada policial desplegada en la víspera de las votaciones.
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De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Alvarenga Mendoza estaba siendo acusación por propagación de noticias falsas que tuvo como desenlace el fallo de culpabilidad por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La jueza que se encargó de dar el fallo de culpabilidad en este caso del opositor nicaragüense fue la jueza de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, Rosa Velia Baca Cardoza, en un proceso que requirió únicamente de una audiencia.
Policías como principales testigos
Esta audiencia contra Donald Margarito Alvarega, que fue llevada a cabo el pasado 13 de enero, se extendió por 13 horas con 57 minutos y en la misma fueron determinantes los testimonios de siete oficiales de Policía ofrecidos como testigos de la Fiscalía según detalla el reporte de Despacho 505.
Según el acta judicial, los nombres de los oficiales de policía que declararon en contra del opositor chinandegano fueron Ramón Cesar Quintana, Havessin Raúl Blanco Olivares, Wilson Martín Díaz Ríos, Brígido Antonio Bustamante Bolaños, Luis Manuel Caballero Castro y Roberto Ángel Andino Blanco
Según consta en el expediente judicial, el opositor está a la espera de que la juez de a conocer la sentencia condenatoria.
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La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”, y aunque contiene 25 definiciones, no especifica dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) o información tergiversada. Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al orteguismo, los que tienen la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra entre la población.