Conferencia Episcopal de Brasil se solidariza con iglesia católica en Nicaragua

La Conferencia de Obispos Católicos de Brasil (CNBB) se solidarizó con la iglesia en Nicaragua, quienes a través de una carta expresando su fraternidad a los nicaragüenses por los actos de hostilidad a las que están siendo sometidas por el régimen de Daniel Ortega.

La carta de los religiosos fue emitida el pasado 15 de agosto la cual fue acompañada con un mensaje que expresa la profunda preocupación que siente la CNBB por la situación que viven los obispos en Nicaragua.

“Querido hermano, “¡Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre igualmente!” (1 Co 12,26). Nosotros, los obispos de Brasil, acompañamos con tristeza y preocupación los acontecimientos que han marcado la vida de la Iglesia en Nicaragua. Nos sentimos profundamente unidos con nuestros hermanos obispos y con todo el pueblo nicaragüense. Clamamos al Buen Dios para que se alcance la paz y la justicia. En oración y fraternidad”, reza la misiva.

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El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a tres sacerdotes, ha mantenido confinado en la curia diocesana al obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.  Además de ordenar al Instituto de Telecomunicaciones y Correo, Telcor, el cierre de ocho estaciones de radio vinculadas a la Iglesia y expulsó del país a las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa. También hay informes de ataques y destrucción de imágenes y símbolos religiosos católicos.

El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y otras conferencias episcopales del continente también expresaron su solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Nicaragua, con oraciones por la paz.

Piden prisión para tercer sacerdote detenido 

El Ministerio Público controlado por el régimen de Daniel Ortega pidió 90 días de prisión para investigar al sacerdote Óscar Benavidez Dávila, párroco de la iglesia Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. 

Según la información disponible en el Sistema Nicarao, la sociedad y el Estado de Nicaragua figuran como “víctima y ofendido” de las actuaciones del religioso, pero no especifica el delito que supuestamente cometió.

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El caso está a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Penal de Audiencia en Managua, quien ha participado en los juicios contra los presos políticos.