Imponen 90 días de prisión a sacerdotes y laicos que acompañaban a Monseñor Álvarez

La nueva jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, impuso 90 días de prisión para ampliar una investigación contra los sacerdotes Sadiel Eugarrio, Ramiro Tijerino y José Díaz; el camarógrafo Sergio Cárdenas, Diácono Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira, quien se encontraban junto a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa. 

El abogado Yader Morazán denunció que el pasado lunes 22 de agosto la juez Saavedra Corrales realizó de forma “clandestina” una audiencia contra siete personas, entre ellos sacerdotes y laicos, quienes permanecieron secuestrados por más de 15 días junto a monseñor Álvarez.

Morazán señaló que la mal llamada audiencia de “Garantías de Derechos” se hizo de forma clandestina y validada por un grupo "selectivo" de "defensores" públicos.

“Esta audiencia se celebró en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua (No.6), una vez que se había retirado el personal que sale a la 1:00pm.”, indicó.

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Según la fuente del abogado, los siete fueron llevados con el rostro cubierto “como era de esperarse, en esa encerrona no hubo resistencia para la formalización de la "detención" de 90 días para “complementar” actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega”, señala.

#AbroHilo 1/10 I #LoÚltimo del Caso de las siete personas secuestradas por más de 15 días junto a monseñor Rolando Álvarez antes del allanamiento ilegal en la Curia Episcopal de Matagalpa y que fueron trasladas forzosamente al centro de investigación y Tortura #ElChipote: 👇 — Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) August 24, 2022

El abogado Morazán señaló que la fiscalía no argumentó las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación, ni sobre qué indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados. “¡Y a la jueza ni le interesó preguntar!”.

Al mismo tiempo, Morazán manifestó que los jueces, defensores públicos y fiscales son nombrados por considerarse de “confianza” para manejar los casos políticos. 

“Tal como lo he venido diciendo, el nuevo presidente del Tribunal de Apelaciones, Ernesto Rodríguez es quién dirige y llama a la directora de la Defensoría, Clarissa Ibarra, para bajar orientaciones a los defensores que cubrirán las audiencias, claro del grupo de confianza. Lo mismo hace con la asignación del juez de “confianza” que llevará el caso y toda la logística que implica desde manipular el sistema “aleatorio” para la asignación del expediente, como la autorización de eliminar la visibilidad para que el público no vea ni el expediente virtual”, enfatiza.

Según Morazán, estos actos violan los derechos constitucionales que tiene un acusado para su legítima defensa, lo cual demuestra que los ciudadanos están bajo un Estado que opera como “mafia” y se confabula para sustraer a los procesados de su juez natural.

“No hay forma de acceder al expediente en físico, ni obtener información para saber si existe una causa en trámite de determinada persona y mucho menos presentar un escrito pidiendo intervención de ley para ejercer como defensa, ni se diga participar en la audiencia”.