Familia de monseñor José Leonardo Urbina, solicita otra vez que le acepten un defensor particular

La familia de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco insistió ante el sistema judicial en Nicaragua, que se le permita al religioso tener un defensor particular, tal como lo establecen las leyes penales del país, para que sea representado en el proceso de apelación con el que intentarán revertir el fallo de culpabilidad y condena a 49 años de cárcel contra el sacerdote, a quien el régimen acusó y condenó por el un supuesto delito sexual contra una menor de edad.

Monseñor Urbina Rodríguez, cumple, este 13 de septiembre, dos meses de estar encarcelado, luego que la Policía en Nicaragua, lo detuvo en Boaco y lo trasladó a Managua para someterlo a un proceso judicial bajo la acusación de supuestamente haber abusado a una menor. 

Según juristas que han dado seguimiento al caso, el proceso judicial al que ha sido sometido el sacerdote católico ha estado plagado de irregularidades, vicios y violaciones al debido proceso, donde no se le han reconocido los derechos más elementales tales como su derecho a la defensa mediante un abogado de su elección.

El medio de comunicación independiente Despacho 505 conoció que este sábado, el papá de Monseñor Urbina, José Ángel Urbina Hernández, de 78 años, introdujo ante los tribunales de justicia una séptima petición para que, como en derecho corresponde, le aprueben para su hijo una defensa privada a fin de que lo represente en el proceso de apelación con el que buscan revertir el fallo de culpabilidad y la pena de casi 5 décadas de cárcel a la que fue condenado el religioso.

“Como permite el Art. 102 CPP (Código Procesal Penal) cuando se trata de privados de libertad como mi hijo, a quien no hemos visto ni tenido ningún contacto en siete semanas, pido por séptima ocasión se tenga como defensor privado de nuestra elección en sustitución de la defensora pública que compareció ofreciendo sus servicios y que usted le escogió”, indica la solicitud hecha al juez sandinista Edén Aguilar, del juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua.

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El caso contra Monseñor Urbina fue promovido por la Fiscalía del régimen Ortega-Murillo, una institución que no goza de ninguna credibilidad ante la sociedad nicaragüense e incluso ha sido señalada por organismos internacionales de derechos humanos como una "fábrica de juicios falsos contra opositores", debido a la gran cantidad de acusaciones "inventadas" que han promovido contra ciudadanos que se oponen a la dictadura.

La causa contra el entonces párroco boaqueño fue ventilada en el Juzgado Segundo Distrito Penal Especializado en Violencia y Adolescencia de Managua, donde los fiscales acusaron por los supuestos delitos de violación y lesiones psicológicas leves en contra de la menor. La acusación señala que los hechos habrían ocurrido entre diciembre del año pasado y febrero de este año.

La dictadura ha desplegado todo un show mediático en torno al caso. Según algunos analistas, ese despliegue "publicitario" del régimen, tiene la finalidad de conseguir una opinión contraria hacia el religioso acusado, tratan de obtener una "condena pública" que justifique la acción del régimen y de buscar una opinión negativa hacia la Iglesia Católica. 

Indefensión y aislamiento

De acuerdo con declaraciones obtenidas por Despacho 505 del padre del sacerdote Urbina, las autoridades judiciales que mantienen en prisión a su hijo, han sostenido una práctica de aislamiento total pues no le entregan las copias de las actas de audiencias y la defensora pública que le asignaron a su hijo, tampoco le contestaba las llamadas.

El padre del sacerdote señaló que, entre el 22 de julio y el 30 de agosto, realizó cinco solicitudes ante los operadores judiciales del régimen para que aprobaran el nombramiento como abogado defensor privado al abogado Francisco Omar Gutiérrez y no hubo respuesta.

El caso fue tan irregular, según juristas, que durante la audiencia de juicio todos los testigos fueron de la Fiscalía. La defensa del acusado, a cargo de la Defensoría Pública, institución también controlada por la dictadura, no presentó ningún testigo de descargo. 

El viernes pasado, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields calificó de "encarcelamiento cobarde" el que está ejecutando la dictadura contra religiosos. El ex diplomático criticó que el régimen Ortega-Murillo mantiene "secuestrados" y en completa indefensión a sacerdotes y a todos los reos políticos. En ese sentido, llamó a la comunidad internacional a abogar porque se ponga fin a la persecución religiosa en Nicaragua.

Monseñor Leonardo Urbina es el segundo sacerdote católico encarcelado por la dictadura Ortega-Murillo utilizando acusaciones por delitos comunes. Las causas han sido vistas como "poco creíbles" porque se dan en momentos en los que los dictadores mantienen una "guerra declarada" contra la iglesia Católica porque los sacerdotes u obispos desde sus púlpitos denuncian los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura.