Voces del Sur reporta 72 violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua en agosto 2022
Más de 70 casos de violaciones a Libertad de Prensa en Nicaragua, reporta Voces del Sur en el informe sobre violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de agosto del 2022. Según el documento la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contra los medios independientes aumentó con la cancelación de licencias a medios y confiscación de edificios.
En el informe, Voces del Sur documentó 72 casos de violaciones; de los cuales 65 fueron perpetrados contra medios de comunicación (90.2 %), y 7 contra personas naturales.
También señala que, durante este mes, el régimen de Daniel Ortega consumó la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa donde funcionará un centro cultural y politécnico llamado “José Coronel Urtecho”, pese a que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación.
Las instalaciones y maquinaria tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares al momento de la toma ilegal en agosto de 2021, según un avalúo realizado en ese momento por el periódico La Prensa.
Según el documento, la confiscación a La Prensa evidencia que Daniel Ortega mantiene intactas sus convicciones confiscatorias que ha practicado en otras etapas, en las que ha ejercido el gobierno.
En este sentido, Voces del Sur sostiene que, al completarse la confiscación de facto de las instalaciones de La Prensa, el exilio forzado de los colaboradores del diario y la usurpación de los bienes de La Prensa “se ha desaparecido completamente la posibilidad de retomar el funcionamiento de la sección física del medio”.
Cierre de medios de comunicación y exilio
Asimismo, el informe de Voces del Sur recoge el el masivo cierre de medios de comunicación de corte católico y comunitario, por lo cual instó al Estado a mantener separación de los poderes.
“Es necesario detener la cancelación de licencias de medios de comunicación católicos como represalia a las diferencias con la Iglesia Católica de Nicaragua; es obligación del Estado mantener separación de poderes e imparcialidad en cada una de sus instancias, dependencias y gestiones que realice”.
El documento señala que en agosto Daniel Ortega utilizó al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como institución “cómplice” para perpetrar los cierres arbitrarios en contra de medios de comunicación.
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Consideran que las resoluciones emitidas por TELCOR adolecen de criterios técnicos válidos, y contradicen el espíritu jurídico de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales.
También reportaron el cierre de al menos 4 espacios informativos en el país, sin embargo, sus directivos pidieron que los casos no fueran documentados para evitar más agresiones de parte de personeros del partido de gobierno.
Respecto al éxodo de periodistas, el organismo lamentó que siguió en aumento en agosto, entre ellos el periodista y director del Canal de televisión RB3, David Mendoza. Contabilizan a 9 periodistas que se vieron obligados a salir del país para resguardar su vida.
En agosto, esta red documentó el cierre de al menos 30 medios de comunicación, entre ellos 27 radios y 3 canales de televisión. Además del cierre de 5 noticieros locales, 1 nacional y al menos 5 programas de opinión.
Libertad presos políticos
Respecto a los periodistas y comentaristas encarcelados por Daniel Ortega, Voces del Sur demandó nuevamente la liberación de los prisioneros. En el caso del comentarista político Jaime Arellano, el organismo denunció que presenta “problemas en el ritmo de su corazón, constantes dolores de cabeza y falta de equilibrio” sin que se le permita acceder a servicios de salud adecuados.
Asimismo, lamentaron la condición física del cronista deportivo Miguel Mendoza y del Gerente General de La Prensa Juan Lorenzo Holmann; presentados por medios oficialistas en días pasados.
“La demanda por acceso a la salud y respeto a sus derechos humanos es extensiva para quienes se encuentran en prisión domiciliar enfrentando problemas de salud”.
Agregan “Urgimos al Estado de Nicaragua medidas que garanticen el libre ejercicio del periodismo sin restricciones ni amenazas; además condiciones para un retorno seguro de quienes se han visto obligados a dejar el país”.