Rosario Murillo anuncia “nuevo reparto” en los terrenos confiscados a Expica tras ser “recuperados”

“Una excelente noticia, también que compartimos este día, nuevo reparto, aquí en Managua: El mirador Xolotlán. Nuevo reparto que ofrecerá a las familias por lo menos 450 viviendas que estarán siendo entregadas, las primeras entregadas en la primera quincena de diciembre cerca de la Navidad”, anunció Rosario Murillo, vice mandataria del régimen autoritario de su esposo Daniel Ortega.

Murillo agregó este 27 de septiembre, durante su acostumbrada alocución de mediodía que, se encuentran realizando el diseño de calles del nuevo reparto que contará con los servicios de energía, agua potable, saneamiento como los existentes del programa de viviendas Bismarck Martínez. 

“Estará a disposición de las familias en la lógica financiera del programa Bismarck Martínez”, dijo.

En este punto, Murillo aseguró que son viviendas de 70x150 metros cuadrados con opciones de ampliación. 

“El mirador Xolotlán, nuevo residencial en la ciudad en Managua, que queda precisamente donde estuvieron los terrenos de Expica que fueron recuperados por el estado nicaragüense para ponerlos a disposición para las familias nicaragüenses”, concluyó Murillo.

La Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua (Expica) fue despojada de su personería jurídica el 18 julio pasado, la medida se conoció tres días antes de realizarse la anunciada feria agropecuaria (los días 21 y 31 de julio) que en los últimos 28 años había tenido el país como sede. 

A Expica se le conocía como la feria ganadera de mayor relevancia en la región centroamericana y según su comité organizador el cierre abrupto de la misma representó un duro golpe para la economía del país, los ganaderos y empresas participantes, privándoles de unos cinco mil empleos temporales proyectados para los días del evento. 

En lo que va del 2022 se contabilizan al menos 1,950 organizaciones sin ánimos de lucro suspendidas por órdenes del régimen de Daniel Ortega, para un total de casi 2,000 cierres desde 2018 cuando se ejerció mayor control, una medida arbitraria que genera preocupación entre los defensores de derechos humanos.