Daniel Ortega utiliza la criminalización para perseguir a la disidencia y defensores de DDHH, arroja investigación

El régimen de Daniel Ortega utiliza la criminalización como una herramienta de control para impedir la defensa de derechos en Nicaragua, señala la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras,  México y Nicaragua. Capítulo Nicaragua”.

El estudio destaca que la criminalización es uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y defensores de derechos humanos en el país. 

En la actualidad, en Nicaragua hay más de 200 personas presas políticas, 21 son mujeres; entre ellas varias feministas y defensoras de derechos humanos.

Por ejemplo, Tamara Dávila, quien fue una de las defensoras participantes en la investigación y que, como el resto de presas políticas, sigue privada de libertad bajo condiciones inhumanas de incomunicación, aislamiento e insalubridad.

Antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el régimen de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez, hija de su esposa Rosario Murillo.

También fue usada contra Doña Francisca Ramírez, quien alzó su voz contra el macroproyecto del Canal Interoceánico que amenazó los territorios y las vidas de muchas comunidades campesinas.

Asimismo, la investigación hace hincapié en cómo la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias.

La investigación cuenta con testimonios fueron recabados de manera virtual a través de 5 entrevistas individuales y la realización de 4 grupos focales que contaron con la participación de abogadas encargadas de los casos, algunas de las cuales también han sido objeto de criminalización. 

El estudio fue realizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).