Consejo DDHH insta a Nicaragua a liberar presos políticos, régimen rechaza

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó una vez más al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y llamó a la comunidad internacional a garantizar el apoyo sostenido a los refugiados y organizaciones de la sociedad civil.

En la nueva actualización, Türk señaló que Nicaragua ha seguido alejándose de la comunidad internacional, negándose a interactuar con varios órganos de tratado de derechos humanos de Naciones Unidas en el contexto del examen  e informes periódicos.

“Se ha negado a cooperar con la visita planificada al país en el 2023 de parte del Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o castigos crueles inhumanos o degradantes. Nicaragua no ha cooperado con el Sistema Interamericano de derechos humanos lo que muestra el contexto social en el que se encuentra ante confianza erosionada, vidas rotas y sociedad fraccionada”.

En este sentido, el Alto Comisionado aclaró que es necesaria la involucración y compromiso a nivel nacional, regional e internacional con las normas internacionales de derechos humanos.

“A nivel nacional insto a las autoridades a qué liberan inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente, que vuelvan a incluir a los que se han visto excluidos de la esfera política y social para que puedan participar en la vida pública y que respeten enteramente las libertades fundamentales de expresión, asociación y asamblea, esenciales para el desarrollo sostenible; reconstruir el contrato social y restaurar la esperanza y entablar un diálogo inclusivo nacional anclado en los derechos humanos”.

Según Tück, la Oficina está dispuesta a trabajar con las autoridades en todas estas áreas “solicito el acceso al país a mi plantilla”. 

A nivel internacional, indicó que es importante que la comunidad internacional garantice el apoyo sostenido a las organizaciones de la sociedad civil, las cuales siguen actuando desde el exilio y apoyar a través de las medidas internacionales de protección de refugiados a aquellos que se han visto obligados a huir.

Por su parte el régimen de Daniel Ortega rechazó la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua que se abordó en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas porque consideran al mecanismo un instrumento de “injerencias” sobre asuntos internos del país. 

Durante la comparecencia, Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República de Nicaragua expresó total rechazo al mecanismo por presentar reportes de derechos humanos supuestamente de forma unilateral y parcializada.  

“Este mecanismo es un instrumento de presión y de injerencismo al esgrimir argumentos alejados de la realidad de nuestra patria con la única finalidad de mantenernos en el subdesarrollo y desvirtuar nuestros logros para mantenernos unidos a las directrices de potencias extranjeras”.

Al mismo tiempo, señaló que esta actualización de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos es una “infamia” porque descalifica y denigra supuestamente a las autoridades. 

“Mientras siguen existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada contra nuestro pueblo y gobierno de parte de esta oficina del Alto Comisionado que no se pronuncia por ejemplo de las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales qué algunos países nos han impuesto, las que realmente embisten directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad”.

Durante la audiencia la representante de Costa Rica leyó una declaración que fue respaldada por los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú, en la cual lamentan que la situación en Nicaragua no mejore. 

“Es apesadumbrado para este Consejo escuchar que no ha habido mejoras en el país desde la presentación del informe de la Alta Comisionada en septiembre. Nicaragua ha cancelado la condición jurídica de 1429 organizaciones locales limitando sus recursos y restringe su capacidad de operar dejándoles a ellos y a los que los apoyan de una situación cada vez más vulnerable”.

Al mismo tiempo, los países firmantes reiteraron que las elecciones pasadas no fueron ni libres ni justas “Deploramos que las elecciones municipales de noviembre fueron marcadas por la represión de voces disidentes y restricciones a los derechos civiles y políticos con la falla nicaragüense de reformar su órgano electoral y procediendo a detenciones arbitrarias estas elecciones no fueron ni libres y ni justas”. 

Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más y en representación de otros organismos de derechos humanos hizo un llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH.

“Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas”.

De igual forma, Vilma Nuñez de Escorcia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, instó a los países a piden la liberación inmediata de los presos políticos.  

“Los esfuerzos realizados por los grupos de expertos son importantes pero el tiempo no ha sido suficiente por lo que debe prorrogarse el mandato otorgado. Pedimos queremos insistir que a pesar de la ausencia de respuesta y colaboración del régimen Ortega-Murillo con los mecanismos internacionales de derechos humanos ya son 239 personas presas políticas, esta infame detención del doctor Óscar René Vargas de 66 años de edad como la de los miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense y la toma como rehénes pedimos a este honorable Consejo y a los Estados que insistan en la libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua”.