Aberraciones cometidas por el Poder Judicial contra opositores en 2022, según el CENIDH

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, presentó el informe “Nicaragua: se impone el terror, persiste la resistencia”, en el cual recoge todas las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre las que sobresalen las acciones del Poder Judicial para castigar a los opositores.

En el informe, el Cenidh plantea que desde su llegada al poder en 2007, Daniel Ortega ha dominado con autoritarismo todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, que se encuentra bajo control partidario y construido a través de procesos de selección y nombramiento viciados, con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, exponen que esos mecanismos hacen que tengan privilegios “quienes pertenecen al partido de Gobierno, en lugar de favorecer la designación conforme a méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente, sujeto a la ley y que respete los derechos humanos”.

Justicia que promueve impunidad

No obstante, más allá de ese sistema de conformación viciado, “el sistema de administración de justicia por acción y por omisión ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, así como a la criminalización y persecución política de las personas que en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos han sido considerados enemigos por el Gobierno”.

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De ahí que en Nicaragua los judiciales den el visto bueno a la privación ilegal de la libertad, al procesamiento y condena por hechos que no son constitutivos de delito, así como a manipulación de pruebas, falta de condiciones para el ejercicio de defensas técnicas eficientes, sometimiento a condiciones inhumanas y degradantes en los centros, señala el Cenidh.

“Esta grave situación ha sido constatada en numerosas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos, pero la evidencia más palpable de la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo a través del Poder Judicial fueron los juicios que  se llevaron a cabo desde febrero a mayo 2022, las llamadas por la opinión pública “farsas judiciales” en contra de dirigentes políticos, sociales, empresariales, campesinos, universitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, incluidos siete opositores, que aspiraban a la candidatura presidencial en 2021”, continúa el informe.

Juicios contra presos políticos

Un total de 46 presos políticos enfrentaron los procesos judiciales en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (Nuevo Chipote): 35 que estaban en las celdas de ese complejo policial y otros 11 bajo arresto domiciliario. Los delitos impuestos a la mayoría fueron conspiración, menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero y ciberdelitos, según los archivos del Cenidh.

“Los llamados juicios nulos se realizaron en medio de numerosas aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos que CENIDH pudo documentar y presentar públicamente a través de su informe Juicios Nulos: una acción aberrante y cruel del régimen Ortega Murillo”, enfatizan.

Sin embargo, esto no para en los juicios viciados, sino que también tiene un radio de acción que permitió que “a los abogados defensores les quitaron los documentos que utilizarían durante el juicio, además les quitaron las computadoras, celulares y también fueron sujetos a revisiones corporales, les revisaron el cabello, la ropa y en ocasiones hasta les obligaron a quitarse la faja y los zapatos”.

Pero las cosas, según el Cenidh, se extendían hasta el juicio propiamente dicho, pues registras que “los jueces interrumpieron la participación de la defensa, y contestaron las preguntas que esta hacía a los testigos propuestos por la Fiscalía, que en su mayoría eran los miembros de la policía o personas evidentemente fanáticas del régimen”.

Los abogados defensores también relataron que estuvieron ciento por ciento limitados en cuanto a entradas y salidas del Complejo policial; una vez que llegaban no les permitían dirigirse al lugar donde se realizarían las audiencias, tenían que esperar autorización y que les trasladaran en vehículos. También, no les permitían salir de los lugares destinados para las audiencias, ni ir al baño solos, mucho menos caminar por el lugar en horas de almuerzo.

El CENIDH determinó que el régimen Ortega Murillo violentó 16 derechos humanos durante los llamados juicios nulos, lo hizo a vista, paciencia y complicidad de un Poder Judicial que violó todos los derechos de los procesados y no permitió que los acusados eligieran a su defensor mucho menos que se comunicaran con la persona que le impusieron para defenderlo.

“Paralelo a los juicios, el régimen prosiguió a dictar sentencias que también fueron consideradas nulas e injustas por la violación de todas las normas procesales e impuestas a personas inocentes”, apunta el Cenidh.

Pasarelas de presos políticos

Sin embargo, proponen que el escarnio no finalizó con las condenas impuestas injustamente, de manera inesperada, pues del 30 de agosto al primero de septiembre del 2022, el régimen Ortega Murillo llevó a cabo otra sesión de tortura contra las personas presas políticas, sus familias y la población en general, al realizar lo que llamó “audiencias informativas”.

“CENIDH de inmediato condenó advirtiendo que dicho procedimiento penal no existe. 27 personas fueron expuestas a la humillación pública y las burlas de los medios afines al Gobierno, quienes les calificaron de delincuentes, terroristas y enfatizaron en todo momento que se encontraban en excelente estado de salud, pretendiendo así desmentir todas las denuncias de familiares”, insisten.

Además de las condenas injustas y de los juicios sin precedentes, como el que se aproxima contra monseñor Rolando Álvarez, también incrementaron el número de presos políticos y recapturaron a otros que habían liberado.