Cosep agradece a Daniel Ortega por "liberación" de 222 presos, a los que no reconoció como reos políticos

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, agradeció este lunes al Gobierno de Daniel Ortega por la excarcelación de 222 prisioneros nicaragüenses, incluidos 7 que pertenecen a esa gremial, y valoró que se trató de "un paso grande para iniciar la unidad".

"El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) agradeció al Gobierno de Nicaragua por la decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos 7 miembros de Cosep", indicó la patronal nicaragüense, a través de una declaración pública.

El Cosep hizo extensivo su agradecimiento al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos "por recibirles y brindar todas las atenciones".

"Creemos que esto fue un gran paso para iniciar la unidad de la familia nicaragüense", consideró.

Lea más: Un centenar de desterrados políticos de Nicaragua son ubicados con familias de acogida en Estados Unidos

Entre los 7 miembros del Cosep que fueron excarcelados y expatriados se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueros arrestados por delitos considerados traición a la patria.

También el empresario José Adán Aguerri Chamorro, quien dirigió el Cosep por 13 años, en los que promovió una alianza de consenso con el Gobierno de Ortega y con los sindicatos sandinistas.

OEA pide restitución de derechos de los desterrados

Las autoridades nicaragüenses excarcelaron y expulsaron el pasado 9 de febrero a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluido 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, el sandinista Ortega, por traidores a la patria, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.

Un día después, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos, incluido a los 7 del Cosep, que no hizo referencia a ese asunto en su declaración.

Esos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, periodistas, empresarios y críticos al Gobierno de Ortega, también fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, a cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido al Gobierno de Ortega en Nicaragua que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.