Amnistía urge a comunidad internacional detener abusos de Ortega en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) hizo este viernes un llamamiento a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos ante los nuevos abusos del Gobierno del presidente Daniel Ortega contra los disidentes en Nicaragua, luego de que 317 de ellos fueron declarados apátridas.

"Es claro que el gobierno de Daniel Ortega profundiza su política sistemática de represión con esta nueva ola de tácticas represivas, por lo que hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos ante estos nuevos abusos del Gobierno nicaragüense", abogó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

Guevara pidió "activar todos los mecanismos disponibles para apoyar, proteger y respaldar a las personas defensoras de derechos humanos y voces críticas al Gobierno" de Ortega, a las que se les ha retirado la nacionalidad.

"No nos cansaremos de demandarle al gobierno de Daniel Ortega el fin de la represión, el pueblo nicaragüense no merece seguir viviendo está pesadilla ni un segundo más", agregó.

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Las autoridades de Nicaragua han despojado de su nacionalidad a 317 nicaragüenses en los últimos ocho días, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado del Gobierno de Ortega a territorio estadounidense.

Los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, el excomandante Luis Carrión, otros antiguos compañeros de armas de Ortega, entre otros, figuran en esa lista de nicaragüenses declarados apátridas por las autoridades judiciales de ese país.

LA DESNACIONALIZACIÓN, NUEVO PATRÓN REPRESIVO

Un Tribunal de Apelaciones de Managua los declaró "traidores a la patria", ordenó el decomiso de sus bienes, y, sin mediar ningún procedimiento judicial, anotó AI, los calificó de "prófugos de la justicia".

Para Guevara, el exilio forzado por cárcel, es el nuevo patrón represivo del Gobierno sandinista, que no ha detenido la "embestida contra los derechos humanos y cualquier forma de disidencia o crítica" desde que en 2018 estalló la actual crisis en el país centroamericano.

"En esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega está pretendiendo sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos, por el exilio forzado, despojando cruelmente de derechos de cientos de nicaragüenses y reforzando su política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia", denunció.

Ese organismo se solidarizó en especial con Vilma Núñez, presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), "quien cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos" y a quien, en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas provisionales.

"Ahora, más que nunca, nos solidarizamos y acompañamos al pueblo nicaragüense y su movimiento de derechos humanos, y llamamos a la comunidad internacional a hacer lo mismo," instó Guevara.

EL RIESGO DE NO SER RECONOCIDOS POR NINGÚN ESTADO

Según AI, en los últimos años las más altas autoridades nicaragüenses "han demostrado una y otra vez que están dispuestas a todo para imposibilitar y castigar el ejercicio de los derechos humanos en el país".

Asimismo, advirtió que "las medidas legislativas y administrativas" que las autoridades nicaragüenses "han promovido en los últimos días, para privar de la nacionalidad a voces disidentes en Nicaragua, atentan contra el derecho humano que toda persona tiene de contar con una nacionalidad y a que nadie le prive de ella de manera arbitraria".

El organismo advirtió que "la calidad de apátrida impuesta en esta última semana a más de 300 personas en Nicaragua las coloca en una situación de mayor indefensión y las hace más susceptibles de ser víctimas de muchas otras violaciones de derechos humanos, al no ser reconocidas como ciudadanas de ningún Estado".

"Esto provoca en su futuro inmediato el riesgo de afrontar enormes dificultades para acceder y gozar de derechos básicos tales como el empleo, la libertad de movimiento, la salud, la educación, entre otros", añadió.

El despojo de la nacionalidad se suma a "larga lista de graves violaciones de derechos humanos que, desde hace casi cinco años, ocurren de forma cotidiana en Nicaragua", continuó Amnistía.