Los países deben exigir el restablecimiento democrático en Nicaragua, dice un experto

La comunidad internacional debe activar todos los mecanismos, particularmente multilaterales, para exigir el restablecimiento de los principios democráticos en Nicaragua y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses que han sido declarados apátridas, dijo a EFE el profesor de derecho internacional y constitucional de la Universidad Central de Chile, Edgardo Riveros Marín.

El experto, que fue vicecanciller de Chile entre 2014 y 2018, advierte que Nicaragua vive "en un contexto de dictadura" con el Gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, donde "hay una persecución a los opositores políticos", expulsiones, desnacionalizaciones y decomiso de bienes inmuebles a los disidentes.

Ante este escenario, el especialista plantea que el sistema interamericano de protección de estos derechos no puede claudicar y más bien debe seguir actuando a través de sus órganos competentes, como la Comisión y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.

"Las resoluciones de este último tienen fuerza jurídica vinculante y en tal sentido debe seguir exigiendo el cumplimiento de sus sentencias", explica.

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También, en el marco de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos debe ejercer sus atribuciones e implementar la resolución de marzo de 2022 que creó un grupo de expertos con el objeto de "emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018", indica.

"Ese grupo de expertos debe presentar su informe en marzo próximo. A partir de ello el Consejo debe emitir su pronunciamiento", recomienda.

URGE MOVILIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

A lo multilateral -continúa- debe agregarse la opinión y gestión de los gobiernos, "que en materia de derechos humanos deben tener siempre presente su condición universal, sin hacer depender su actitud -frente a violaciones flagrantes y sistemáticas- de la posición ideológica del gobierno violador".

A juicio del profesor de derecho internacional y constitucional, también es urgente movilizar a la sociedad civil y a las fuerzas políticas democráticas desde América Latina para que Nicaragua pueda volver a tiempos donde la ciudadanía se exprese en forma libre y soberana.

"Es preciso tener presente que los cambios van a depender básicamente de la evolución que tengan los acontecimientos en el plano interno de los Estados. Pero, en todo caso, la solidaridad internacional es imprescindible con aquellos que defienden los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos en los Estados que sufren violaciones sistemáticas a ellos, como es el caso de Nicaragua", razona.

"En esto puede ser eficaz la sumatoria de pronunciamientos no solo de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, sino también de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, foros especializados y entidades académicos, entre otros", valora.

ORTEGA "HA TRAICIONADO LA HISTORIA" DEL FRENTE SANDINISTA

Sobre lo que simboliza Ortega - un exguerrillero que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle que fue derrocada por la revolución sandinista, en julio de 1979 - en el mapa mundial, Riveros Marín, es enfático: ha traicionado la historia.

"A mi juicio simboliza la condición de un dictador que ha traicionado la historia de un movimiento del cual formó parte y que luchó contra una dictadura como la de Somoza. Sus ansias de poder han extremado su conducta y ha hecho lo posible, recurriendo a la fuerza, para permanecer en el poder", reflexiona.

 "Como todo dictador, es refractario a los pronunciamientos de condena de la comunidad internacional ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, alegando que se está violando el principio de no intervención en los asuntos internos", critica.

Con ello, advierte el experto, Ortega "pretende ignorar que dicho principio no opera en materia de derechos humanos, precisamente porque dichos derechos quedan fuera del concepto de jurisdicción interna de los Estados, entregándose a la comunidad internacional organizada, no solo la facultad sino el deber de actuar cuando en un Estado no se cumple con el deber de resguardo de ellos".