Solicitan a CIDH medidas cautelares urgentes para Monseñor Rolando Álvarez

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos en Latinoamérica (Calidh), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares urgentes para Monseñor Rolando Álvarez, quien presuntamente se encuentra recluido en la galería 300, conocidas como el “infiernillo” del Sistema Penitenciario Nacional.

De acuerdo con el organismo de derechos humanos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, violan al menos unos diez artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Calidh solicita que el caso del obispo sea remitido a consideración de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ya que, con el encarcelamiento de Álvarez, la dictadura ejerce un patrón de “censura, castigo y venganza por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos” cometidas desde abril del 2018 cuando iniciaron las protestas populares.

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“Se solicita a la Comisión dicte medidas cautelares urgentes por su preocupación ante el seguro deterioro acelerado de su salud física y psíquica del prelado, quien actualmente se encuentra aislado en la cárcel la Modelo como una forma de tortura, trato cruel e inhumano”, señala la denuncia que firma el presidente del organismo Jorge Mamani.

La CorteIDH declaró al Estado de Nicaragua en “desacato permanente” porque se había negado a liberar a los presos políticos.

Penas desproporcionadas

La madrugada del 9 de febrero, Monseñor Rolando Álvarez se habría negado a subir a un avión junto a 222 presos políticos que fueron excarcelados y posteriormente desterrados a Estados Unidos.

En represalia, el dictador Daniel Ortega dio a conocer que el religioso fue trasladado de su casa y llevado a las celdas de La Modelo, dijo en cadena nacional de radio y televisión.

Al día siguiente del aviso de Ortega, Monseñor Álvarez fue declarado por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) como traidor a la patria y además fue despojado de su nacionalidad y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel tras ser declarado culpable de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones y agravada desobediencia o desacato a la autoridad.

Por la pena impuesta a Monseñor Rolando Álvarez, Calidh le expuso a la CIDH su “preocupación por la aplicación de penas desproporcionadas, severas e inexistentes como las impuestas al prelado”.

Según el organismo de derechos humanos, los artículos de la Convención que violenta Ortega están relacionados a las garantías constitucionales, libertad de conciencia, religión, derecho a la nacionalidad, derecho a la circulación y residencia, derecho a la libertad personal entre otros.

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En los primeros días de noviembre de 2022, Calidh presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el régimen y otros siete funcionarios ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.