Dictadura de Nicaragua se roba pensiones a desterrados y desnacionalizados

No habían pasado ni diez días cuando el régimen autoritario de Daniel Ortega ordenó la eliminación del listado de asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a los disidentes jubilados que fueron expulsados y despojados de su nacionalidad el 9 y 15 de febrero.

Un primer grupo conformado por 222 presos de conciencia que tras ser liberados fueron deportados a Estados Unidos y un segundo grupo de 94 personalidades que le fue retirada la nacionalidad y su patrimonio.

Harry Chaves, uno de los excarcelados políticos liberados y desterrados a Estados Unidos, relató a 100% Noticias que antes que le confiscaran su pensión como jubilado, hubo un boleo en el INSS. Mandó a su esposa en enero 2022 para hacer constar "la sobrevivencia" del pensionado, pero en su caso estaba preso y le dijeron en el INSS que "iban a coordinar con el penal". Luego su esposa fue en enero 2023 al INSS para solicitar una constancia de jubilado y le expresaron que no podían entregarla porque necesitaban la constancia de "sobrevivencia" que debía darla la Corte Suprema de Justicia.

Esperó el 20 de febrero que es cuando depositan "y efectivamente no está, ya quitaron la pensión". Se estima que son 60 jubilados excarcelados políticos afectados tanto por el destierro, despojo de nacionalidad y ahora la confiscación de la pensión. A partir de este día, el INSS confiscó sus pensiones a los jubilados.

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Según conoció el medio Confidencial, Roberto López, titular del INSS ordenó esta medida basado en el sustento legal que los afectados son considerados “apátridas”.

Los afectados fueron eliminados del sistema o eso fue la respuesta que obtuvieron los apoderados en el último mes, tal fue el caso del exministro de Educación, Humberto Belli, quien está pensionado desde hace más de diez años y dejó un poder firmado en 2021 que salió del país para que alguien cercano cobrara su jubilación en León.

Otro de los afectados es el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassán, el exdirector de relaciones exteriores del FSLN, Julio López Campos, y su esposa la exguerrillera Mónica Baltodano.

En el caso de López y Baltodano señalaron al medio que su pensión era depositada en una cuenta bancaria hasta el 15 de febrero que el régimen les despojó de su nacionalidad.