Defensores piden renovar mandato de grupo de expertos para continuar investigación de crímenes de Daniel Ortega

Defensores de derechos humanos en el exilio se presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) para solicitar que se amplíe el mandato del Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua y del Alto Comisionado de derechos humanos y que continúen investigando los crímenes de Daniel Ortega.

Entre los participantes se encuentra Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca +, planteó también la preocupación que en Nicaragua persiste una política sistemática de violación de los derechos  e impunidad que niega a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Arce señaló que la crisis de derechos humanos en Nicaragua se prolonga y agrava con un ejemplo tan claro como el reciente despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses y la detención arbitraria de miles de personas desde 2018.

“Más de 500,000 nicaragüenses hoy huyen en búsqueda de protección internacional y de mejores oportunidades que no siempre encuentran en los países de acogida”, expresó Arce.

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“Por ello llamamos a este Consejo a que se renueve por un periodo de dos años el mandato del grupo de expertos, así como el mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU” demandó.

Por su parte Gonzalo Carrión se unió a la petición de Arce y expresó que en abril, Nicaragua cumplirá cinco años de vivir en una sistemática represión por parte del Estado trayendo a colación que durante este tiempo se han aprobado 10 leyes arbitrarias acorralando a la disidencia a la cárcel, el exilio o el cementerio.

Recordó que el pasado 9 de febrero 222 personas presas políticas fueron excarceladas, forzadas al destierro y despojadas de su nacionalidad, seis días después otras 94 entre las que se incluye fueron privados de su nacionalidad.

“Además de la pérdida de nuestros derechos civiles y políticos, la privación de la nacionalidad implica el despojo de pensiones de vejez, el allanamiento y apropiación ilegal de propiedades; el acoso a nuestras familias, buscan ahora eliminarnos dejándonos en riesgo de apátrida y sin medios de vida”, expresó.

De igual manera, Olga Valle, integrante del Colectivo 46/2, coalición de 20 organizaciones internacionales de derechos humanos, se sumó a la solicitud de Arce y Carrión para que el Consejo de la ONU apruebe una extensión del mandato.

Valle hizo referencia a los 317 opositores despojados de la nacionalidad por pensar diferente al régimen de Daniel Ortega, quien también impuso un gobierno de facto en los procesos electorales de 2021 y 2022 con violaciones a los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses.

“El Estado a través de un proceso ilegal e irregular impuso a estas personas penas que implican la inhabilitación de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular activistas opositores y los que considera sus enemigos, el Estado le tiene un mensaje claro no son ciudadanos ni nicaragüenses”, dijo.