Nicaragüenses “apátridas” denunciarán a Daniel Ortega ante instancias internacionales

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y parte de los 94  nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad se pronunciaron en rechazo a esta arremetida del régimen de Daniel Ortega en su contra. 

“Somos parte de los 94 nicaragüenses a quienes, por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales”, cita el comunicado dado a conocer desde Costa Rica donde se mantienen la mayoría en calidad de refugiados.

Los denunciantes aseguran que la nacionalidad es un derecho que nadie les puede arrebatar y seguirán luchando hasta tener una patria para todos. 

“Somos y seremos nicaragüenses hasta el fin de nuestros días, porque ahí nacimos y porque somos parte inseparable de ese pueblo valiente, alegre y generoso”, se lee.

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Entre los derechos violentados a estos 94 nicaragüenses, señalan que está la confiscación de su patrimonio, la cancelación del pago de pensiones, ser declarados prófugos de la justicia, la prohibición de ejercer sus derechos civiles y políticos a perpetuidad como una acción para “aplastarlos civil, económica y moralmente”.

Uno de los miembros firmantes del pronunciamiento responsabilizó a la Procuraduría General de la República de Nicaragua por sumarse al terrorismo de Estado establecido que “pretende aplastar cualquier voz crítica”. Este 1 de marzo la Fiscalía llamó a ocupantes de bienes confiscados a opositores para “formalizar su estatus ocupacional”.

Sobre este punto, algunos propietarios que aún deben sus inmuebles al banco manifestaron preocupación porque la entidad les “está cobrando” cuando el Estado alega que le pertenece y desconocen si continuarán pagando la deuda ya que según la Gerencia General  no han recibido ninguna notificación oficial de la Procuraduría.

Aunque no se tienen registros exactos del total de las confiscaciones de propiedades, dicen que los ocupantes de las viviendas (familiares o inquilinos) han reportado vigilancia permanente de la Procuraduría con la finalidad de “aterrorizarlos” y obligarlos a “pagar un alquiler” por habitar.

Demandas internacionales

Este grupo “apátrida” afirma que van actuar por el despojo a su nacionalidad dentro del marco de los derechos legales ante todas la instancias internacionales e instancias jurisdiccionales, ya que han clasificado la medida del régimen de Ortega como “medieval” y “nacista” características de dictaduras “en la que cualquier cosa puede pasar”.

“Este zarpazo a nuestros derechos esenciales desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense”, agrega el texto.

Mientras tanto, el Colectivo y los firmantes del pronunciamiento coinciden en la importancia de documentar todos los crímenes de lesa humanidad para más temprano que tarde llevar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Penal Internacional y paguen por sus crímenes.

Además, este grupo de desnacionalizados demandó la liberación del obispo Rolando Álvarez, quien también fue despojado de su nacionalidad, de los más de 35 presos políticos. También agradeció a España, Chile, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos por recibir a los 222 excarcelados.

Los quejosos también hicieron el llamado a países latinos a condenar este acto inhumano y presentaron su demanda ante organismos internacionales como al Secretario General de las NNUU, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la OEA, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.