ONU prorroga 2 años Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que prorroga dos años más el trabajo del Grupo de Expertos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde el inicio de la crisis social y política de 2018.
La resolución, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana ante el consejo, se aprobó con 21 votos a favor, cinco en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe, presentado en la actual sesión del consejo, que el régimen de Daniel OrtegaDaniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
La sociedad civil considera que el trabajo de este equipo de expertos, que están documentando de forma rigurosa las violaciones de los derechos humanos e intentando establecer responsabilidades, es esencial para el propósito de que en algún momento se haga justicia a las víctimas.
Entre otras cuestiones que más preocupan a la comunidad internacional y que quedaron plasmadas en la resolución figura la cuestión de las detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación para reprimir la disidencia, así como la completa impunidad en torno a estos hechos.
El texto aprobado insta al Gobierno nicaragüense a tomar medidas para garantizar la independencia del sistema de justicia, de las autoridades electorales, así como de las fuerzas de seguridad, poniendo fin a su injerencia en estas entidades, la que se ha hecho evidente con la reclusión y expulsión del país arbitrarias de jueces y otros funcionarios.
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Sobre el retiro el pasado febrero de la nacionalidad a más de 300 críticos del gobierno y el destierro de más de 220 de ellos, el Consejo reclamó a Ortega que respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad.
Pidió que ofrezca las condiciones para que aquellos que lo deseen puedan regresar, "sin temor a nuevas represalias".
Mencionó en particular el caso de la defensora de los derechos indígenas, Alexa Alfred Cunnningham, a quien el pasado febrero se le impidió -por orden del gobierno- retornar a Nicaragua tras haber participado en Ginebra en una reunión de un grupo de expertos de la ONU del que forma parte.
El Consejo también ha exhortado a Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina de Derechos Humanos y todos los órganos de la ONU que trabajan en esta área, permitiendo sobre todo que entren al país y que visiten centros de detención sin restricciones.
Crímenes de lesa humanidad
Crímenes de lesa humanidad son cometidos por parte del Gobierno nicaragüense “como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática” contra parte de la población del país por motivos políticos, aseguró el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para el país centroamericano.
Al presentar su primer informe sobre la situación de Nicaragua, publicado el pasado 2 de marzo y debatido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los expertos afirmaron que el “delito de lesa humanidad de persecución” se comete “desde las más altas esferas del Gobierno”.
El régimen presidido por Daniel OrtegaDaniel Ortega “instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales”, señaló en su intervención ante el Consejo el alemán Jan Simon.
Simon aseguró que la impunidad que prevalece frente a estos crímenes “permitió el escalamiento de la violencia contra las personas opositoras o percibidas como tales”.
Hechos de distinta índole documentados
El informe, que investigó 159 casos y se realizó con entrevistas a 291 víctimas y testigos, documenta violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.
A la vista de estas violaciones contra personas opositoras al Gobierno de Nicaragua “o percibidas como tales”, el grupo de expertos urgió al régimen de Ortega a poner fin de inmediato a los abusos y asegurar la rendición de cuentas de los responsables de ellos, garantizando la justicia para las víctimas.
También piden la liberación de forma inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad e “implementar las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes” en Nicaragua.
Al presentar el informe, el presidente del grupo de expertos subrayó que no pudieron realizar investigaciones dentro de Nicaragua al no recibir permiso por parte de las autoridades, aunque sí llevaron a cabo cinco misiones a zonas cercanas a ese territorio.
El informe concluye que tras estos crímenes de lesa humanidad están tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales.
En Costa Rica, país donde se han trasladado miles de nicaragüenses desde el estallido de la crisis social y política de 2018, los expertos se reunieron con víctimas, activistas y organizaciones para seguir documentando la situación y para exponer el informe que presentaron recientemente en Ginebra.
El grupo de expertos se creó a partir de una resolución aprobada en marzo de 2022 por el propio Consejo de Derechos Humanos para investigar y recabar pruebas de la crisis en Nicaragua originada tras las protestas ciudadanas de 2018.