PGR confisca propiedades para construcción de viviendas populares en Managua

La Procuraduría General de la República (PGR) en Nicaragua confiscó cuatro propiedades ubicadas en Sabana Grande, Managua, bajo el argumento que “los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar”.

A través del Acuerdo Administrativo No. 10-2023, publicado en La Gaceta este miércoles 3 de mayo, se consumó la expropiación y se declaró que el Estado promoverá la realización de este derecho mediante la continuación del proyecto habitacional Bismarck Martínez.

De acuerdo con la Ley 229, ley de Expropiación, en su artículo 4 establece que “la entidad pública estatal”, PGR, en este caso “deberá hacer la declaración de utilidad pública o de interés social”.

Sobre este punto, se declara de utilidad pública un área de quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte, punto cuarenta y siete metros cuadrados (569,420.47 m²) para construir el proyecto habitacional “Nuevas Victorias”.

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Añade que esta área afectada está compuesta por cuatro propiedades individuales, ubicadas en el sector de Sabana Grande Sur, en el municipio y departamento de Managua.

La presente declaratoria de utilidad pública comprende cuatro cuentas registrales, afectando parcialmente las siguientes: 63,451.11 m²: inscrita bajo el Número: 57,459; NAP: BI- 2KUJZRTQ; asiento electrónico: 1°”, el lote número 1, propiedad de Salvador Alberto Masis Quiroz, así como otra propiedad de 54,576.21 m²: inscrita bajo el Número: 92,278; NAP: BI-99XA8NO, Asiento Electrónico: 1°, propiedad matriz de Hector Masis Martínez y una tercera de 63,636.40 m²: inscrita bajo el Número: 108,954; NAP: BI-9A7G39X, Asiento Electrónico: 2, propiedad de la entidad “Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales”.

En un segundo Acuerdo Administrativo No. 11-2023, se dispone la expropiación de cuatro propiedades con un área de (67,878.38 m²) para la realización del proyecto habitacional “Villa Jerusalén”, ubicadas en de Sabana Grande Sur, en el municipio y departamento de Managua.

Ambos acuerdos adjudican las propiedades a la Alcaldía de Managua por disposición de la PGR bajo la dirección de Wendy Morales.