Urnas abiertas denuncia el totalitarismo de Ortega tras ordenar confiscaciones
La confiscación de bienes ordenada por el régimen de Daniel Ortega a través de la Procuraduría General de la República es un nuevo zarpazo y atenta en contra de la Constitución Política de Nicaragua, sostiene la organización Urnas Abiertas.
Después de analizar el documento que justifica las confiscaciones, Urnas Abiertas tuvo acceso y reafirmó cómo las distintas instituciones del Estado continúan trabajando en función de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
“En ninguna parte de los intercambios de información respecto al proceso de estos 222 excarcelados se menciona o faculta a ninguna institución pública para decomisar sus bienes. Ni siquiera la llamada Ley 1055. Asimismo, el Código Procesal Penal aclara que debe existir una correlación entre la acusación y la sentencia. No puede adicionarse con más de 60 días posteriores a una resolución/sentencia un oficio que establezca hechos distintos de los presentados en intercambio de información previa.” explicó una especialista jurídica de Urnas Abiertas, quien por motivos de seguridad pidió su anonimato.
“Es un atropello grave a la propiedad privada, a los derechos reales, y al tracto sucesivo de los bienes inmuebles de estas personas, independientemente que se les haya quitado su nacionalidad. Además, afecta la definitividad de la sentencia, el origen por sí mismo, es anómalo y arbitrario”, sentenció la jurista, quien confirma que la medida además violenta la propiedad privada, que es un derecho protegido por la Constitución Política del país y por distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
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“Desde Urnas Abiertas denunciamos esta nueva expresión de totalitarismo y arbitrariedad con la que actúa el régimen, esta vez contra las y los nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron desterrados del país, expresamos nuestra preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en el país y llamamos a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua.
El documento de análisis jurídico realizado por el equipo jurídico de Urnas Abiertas cita que la confiscación “pone en riesgo la seguridad jurídica de terceros que también puedan tener acciones en entidades mercantiles de las 222 personas, en su carácter personal o como persona jurídica
Urnas Abiertas calificó la medida como una “expresión de totalitarismo y arbitrariedad” con la que actúa el régimen, esta vez contra las y los nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron desterrados del país,
“Expresamos nuestra preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en el país y llamamos a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua”, concluyó la organización.