CIDH rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la represión del régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores y líderes de la Iglesia Católica. El organismo condenó las confiscaciones en contra de 222 opositores presos políticos, quienes fueron desterrados en febrero pasado a Estados Unidos.

Las confiscaciones dictadas por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, también alcanzan a sacerdotes de la Iglesia Católica, quienes también fueron desterrados y despojados de la nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país. Como fue señalado por la CIDH, la confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, denunció la CIDH mediante una declaratoria.

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CIDH también muestra preocupación por “la política arbitraria que mantienen las autoridades respecto del libre ingreso o salida del país de la población. Al respecto, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continúa recibiendo información sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior”, agrega el documento.

El MESENI también ha recibido información sobre casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países.

“Algunas personas a las que el Estado impidió arbitrariamente el retorno, señalaron al MESENI encontrarse bajo una "apatridia de facto" debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación. Estas acciones han derivado también en la separación forzada de múltiples familias nicaragüenses”, denuncia el organismo.

Por otra parte, la CIDH expresa preocupación por las nuevas detenciones arbitrarias en contra de opositores, periodistas y sacerdotes.

“Entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de semana santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos. Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos”, denuncia la CIDH.

En el documento, la Comisión Interamericana denuncia la inhabilitación de 26 abogados para ejercer sus funciones.

De acuerdo con la misiva, la CIDH señala que con la acción, la Corte Suprema de Justicia pretende perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua.

Lla CIDH denuncia que continúa la represión contra los sectores críticos de la iglesia católica nicaragüense.

“La Policía Nacional ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con "actos de Traición a la Patria"; en mayo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de de Estelí habrían sido detenidos; mientras que, el obispo Rolando Álvarez Lagos, privado de la libertad y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, permanecería incomunicado desde el 25 de marzo de 2023, sin derecho a recibir visitas y en una celda de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional”, denuncia la Comisión.

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Ante la persistencia de la represión en el país, “la CIDH hace un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los Órganos Políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia, la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua. Asimismo, urge al Estado nicaragüense a poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria”.