Daniel Ortega entregó nuevas concesiones mineras a empresa china

El dictador Daniel Ortega se reafirma en el negocio de explotación minera en el Caribe de Nicaragua con la aprobación de dos nuevas concesiones a la empresa china Zhong Fu Development S.A, informó la plataforma de noticias Despacho 505.

Los dos proyectos mineros preocupan a los pueblos caribeños que denuncian la vulneración a sus derechos y el grave peligro que representa para los recursos ambientales.

La aprobación de las concesiones será oficializada el próximo fin de semana por el Concejo Municipal de Puerto Cabezas, controlado por el partido FSLN, en una sesión ordinaria convocada por la Alcaldía. Entre los puntos de agenda aparece la «presentación y aprobación de opinión municipal del proyecto de explotación minera por la Zhong Fu Development S.A».

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La empresa china explotará unas 15, 400 hectáreas localizadas en el municipio de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte. «Una concesión es de 14.000 hectáreas y se localiza en el sector del Cerro Miramar, que es la fuente de agua potable para la comunidad de Sahsa, y la otra tiene una extensión de 1.400  hectáreas», explicó a Despacho 505 un líder territorial.

Minería se expande en el Caribe

Las concesiones son otorgadas un día después de que el  régimen  aprobará otras cinco a favor de la empresa canadiense Calibre Mining, para explotar  una área de 226,000 hectáreas en el municipio de Bocana  de  Paiwas, en el Caribe Sur. 

Dirigentes comunitarios denuncian la sobreexplotación de los recursos de sus territorios a través de la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (INANA-IAP). En su publicación, cuestionan la expansión del extractivismo minero y, advierten que esto profundizará el problema del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas.

La fuente, que se refirió a los proyectos mineros en condición de anonimato,  aseguró que las concesiones se otorgan sin consultar a las comunidades indígenas que tienen los derechos sobre esos territorios.

Además de agravar el desplazamiento de comunidades enteras, la extracción minera provoca un severo daño ambiental que impacta negativamente en la vida de las comunidades y en la salud ambiental.

INANA-IAP acusa al régimen Ortega-Murillo de atentar contra la autonomía de pueblos indígenas y afrodescendientes, y les señala de facilitar la llegada de colonos que invaden sus tierras, promueven actividades de ganadería, explotación de bosques, minería, entre otras.

La plataforma indígena, asegura que las obras de infraestructura vial facilitan la invasión de sus territorios, así como las actividades que desarrollan los colonos.