CorteIDH reitera medidas de protección para dos activistas ante el desacato de Nicaragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reiteró este jueves las medidas de protección para los activistas nicaragüenses Vilma Núñez de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, quienes fueron despojados de su nacionalidad, y señaló que Nicaragua mantiene el desacato a las órdenes del tribunal internacional.

En una resolución de medidas provisionales, la CorteIDH requirió al Estado nicaragüense que "deje sin efecto los procesos penales seguidos en contra de Vilma Núñez de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga y, en consecuencia, se abstenga de proceder a la detención o de adoptar cualquier otra medida restrictiva de la libertad".

El tribunal también exige a Nicaragua que se "abstenga de ejecutar cualquier acción tendiente a obstaculizar su labor en la defensa de los derechos humanos".

La CorteIDH ya había ordenado en 2019 y 2021 medidas de protección para los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH), sin que el Estado haya dado respuesta ni acatado.

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El tribunal recordó que ambos activistas fueron procesados penalmente y condenados el 15 de febrero de 2023 por los delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación”.

Estas personas fueron condenadas a la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, así como la inmovilización y el decomiso a favor del Estado a todos los bienes inmuebles y sociedades.

El 11 de mayo de 2023, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, emitió una resolución mediante la cual resolvió suspender, de forma definitiva, el ejercicio de la profesión y anular los títulos de abogados de Vilma Núñez y Guillermo Gonzalo Carrión, sin que ellos pudieran ejercer derecho alguno de defensa, detalló la CorteIDH.

El tribunal también recordó que las autoridades nicaragüenses declararon a los dos activistas como “prófugos de la justicia”.

"Todo lo anterior se enmarca, tal y como la Corte ha señalado en resoluciones previas, en un contexto de hostigamiento, a través de diferentes mecanismos como seguimientos, amenazas y privaciones de facto de la libertad de quienes se identifican como integrantes de la oposición en general, así como contra defensores y defensores de derechos humanos en particular”, afirma la resolución de la CorteIDH.

El tribunal internacional agregó que la condena y privación de libertad de los denominados “opositores políticos” en Nicaragua "constituyen mecanismos utilizados para disuadir y silenciar a toda persona que ejerza una crítica contra el régimen nicaragüense en legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión".

La CorteIDH, que ya había declarado en Nicaragua en desacato de sus numerosas resoluciones emitidas a partir de 2018 a raíz de la crisis que vive ese país, informó que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "el desacato en el que continúa incurriendo Nicaragua".

 Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Durante la crisis las autoridades nicaragüenses han cerrado decenas de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y han procesado judicialmente y encarcelado a opositores.