“Quien renuncia se va sin nada”, el mensaje de la dictadura a empleados públicos de Nicaragua

La aprobación de una nueva ley encargada por Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus diputados, para reformar el cálculo de las liquidaciones a empleados públicos que renuncien a seguir trabajando al estado de Nicaragua es además de un “robo descarado”, un intento de frenar la salida de más personal estatal.

Así lo considera el abogado Juan Diego Barberena, miembro del consejo directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), durante una entrevista con 100% Superchats.

“Es una medida política ligada a la pretensión de impedir la renuncia de los servidores públicos, es decir, la fuga ha sido tan grande, aunque no lo admitan expresamente, que ahora establecen una especie de sanción para los empleados que renuncien, y así tratar de disminuir la cantidad de renuncias en el sector público, el mensaje es: Quien renuncia se va sin nada”, expresó Barberena a 100% Noticias.

Barberena agrega que “los trabajadores públicos están claros que les están robando, porque quienes ya tenían derecho a recibir una liquidación equivalente a un mes de salario por cada año laborado, hasta un máximo de tres años, ahora no tienen derecho a nada si no han cumplido tres años de laborar al estado”.

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Sindicatos cómplices de dictadura

“Tras este hecho vemos que los sindicatos no existen, están absolutamente cooptados y capturados por el Frente Sandinista, y van a pasar a la historia tristemente como sindicatos que defienden a un grupo en el poder y que se han enriquecido ilícitamente con quienes detentan el pode en Nicaragua en contraposición a defender los derechos los trabajadores”, reflexiona el joven opositor nicaragüense.

Barberena cree que estas medidas crueles contra la ya desgastada economía de las familias, generará mayores contradicciones internas entre el personal estatal que actúa de buena fe.

“Y quienes ya tomaron su decisión de irse, de todos modos se irán, aunque no les paguen su liquidación a la que tenían derecho antes de la reforma a la ley”, opina Barberena.

Dictadura busca “ahorrar recursos”

Po su parte, Juan Sebastián Chamorro opina que esta nueva ley de la dictadura tiene la finalidad de ahorrarle recursos al estado y no pagarles esos derechos adquiridos a los empleados que hoy los están perdiendo.

Para tener una idea de la magnitud de esta medida, Chamorro dice que pensemos en un funcionario público que tiene seis años trabajando en el estado y que gana 10 mil córdobas al mes.

Con el cálculo anterior este empleado tenía derecho, por los primeros tres años de trabajo, a tres salarios acumulados, es decir 30 mil córdobas en su liquidación, y luego por el cuarto, quinto y sexto año, tenía derecho a 20 días de salario por cada año adicional a los tres primeros años.

Eso le sumaba a su liquidación otros 20 mil córdobas, totalizando la liquidación de este trabajador en 50 mil córdobas.

“Es decir que ahora, esta misma persona, partiendo de esta misma reforma al cálculo de la liquidación, solo pasaría a ser liquidado con 10 mil córdobas, es decir que la liquidación para un trabajador que lleva seis años trabajando al estado y gana 10 mil córdobas, pasa de 50 mil córdobas a solo 10 mil córdobas”, afirma Chamorro.

Chamorro destaca que “esto implica además de asuntos económicos, asuntos legales porque los derechos laborales no prescriben, no pueden violentarse aquellos acuerdos que en términos laborales ya se han adquirido”.

“Si esta reforma hubiese pasado en un gobierno democrático, el gordo Gustavo Porras (diputado sandinista) y sus secuaces hubieran sido los primeros en salir a protestar a la calle, es totalmente ilegal, es confiscatoria y además es cruel para los trabajadores del estado”, aseveró Chamorro.

Un retroceso a leyes laborales

El exfuncionario del poder judicial Yáder Morazán, comentó que “yo veo dos cosas, por un lado, ni el régimen es lo que dice ser al proclamarse como defensores de la clase obrera y por otro lado ni los que se dicen ser obreros y revolucionarios han salido a contradecir estas reducciones laborales, como son los sindicatos, las cooperativas, etc.”.

“Estamos ante un retroceso y una estocada a los 170 mil trabajadores del estado, algo que no lo habían hecho ni los gobiernos liberales a los que ellos tanto han criticado”, apunta Morazán.