Régimen en Nicaragua usó entramado de leyes para dar tiro de gracia a universidades

Para dar el tiro de gracia a la educación superior en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo necesitó todo un complejo entramado de leyes represivas, donde varios actores con nombres y apellidos ya están identificados y pasarán a la historia como los personajes que ayudaron a “consumar la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios”.

Así lo revela el extenso informe titulado: Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos, elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), con sede en Argentina.

Danny Ramírez, representante de CALIDH, en entrevista con 100% Noticias expresó que en este informe lograron “identificar todo el marco represivo que utilizo el régimen de Ortega y Murillo para perpetrar su patrón de censura, castigo y venganza contras los estudiantes y trabajadores de las universidades y el resto de la comunidad universitaria”.

Ramírez expresa que “pudimos comprobar entrando a la página web de la UPOLI, el absoluto culto a la personalidad de Ortega y Murillo. Y eso afecta en que hay una educación partidarizada y que es un sistema de educación deformante, para los estudiantes que están allí, muchos sienten miedo de expresar su ideología, y los miembros de UNEN hacen rondas de vigilancia para escuchar lo que dicen o hacen los estudiantes, además muchos docentes y trabajadores fueron despedidos”.

En cuanto al marco jurídico represivo, el estado de Nicaragua ha aprobado un conjunto de leyes a partir de 2018 que prepararon la disolución masiva de oenegés incluidas las universidades, señala en sus conclusiones el informe.

Un “rosario” de leyes malignas

La Ley 977 por ejemplo, contra el lavado de activos, estableció obligaciones exacerbadas, desproporcionadas y arbitrarias a las universidades en una interpretación abusiva de la recomendación 8 de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que dispone la obligación del Estado de seleccionar oenegés específicas que puedan estar en riesgo real de lavar dinero o contribuir al terrorismo.

Ley 147, Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, fue utilizada ilegalmente por el Ministerio de Gobernación para recomendar la cancelación de universidades y la confiscación de bienes, sin que esta ley lo previera.

También la Ley 1114, de reformas a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación superior concedió atribuciones al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para ejercer una hipervigilancia a las universidades.

Otra es la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, estableció la criminalización de todas las asociaciones civiles estableciendo la prohibición de no ser utilizadas para “desestabilizar” al país. Además, su reforma la Ley 1127 dotó a la ministra de gobernación la facultad de otorgar y cancelar personalidades jurídicas.

El CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) en complicidad recomendaron a la ministra de gobernación la cancelación de más de 20 universidades.

Los nombres de la infamia

Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades y Wendy Morales, procuradora general de la república e investida para “trasladar los bienes al Estado”, fueron quienes consumaron la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios.

Francisco Díaz, desde su lugar de director de la policía proveía la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar, después, a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas.

La ex rectora de la UNAN, Ramona Rodríguez consumaba la intervención nombrando autoridades ilegales en las universidades confiscadas.

Alba Luz Ramos, desde su puesto de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se encargó de negar la protección judicial a las universidades y de someter a juicios arbitrarios a estudiantes que provenían de estos recintos.

“De esta forma funcionó este esquema perverso de represión desde la supuesta legalidad y de actos materiales perpetrados por todos estos funcionarios”, asevera el informe del CALIDH.