Iglesia católica en Nicaragua sigue siendo una voz clara de denuncia de violación a derechos humanos, arroja informe

La iglesia católica de Nicaragua se encuentra en la mira del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debido a que ha sido violentada de ejercer su derecho fundamental a ejercer la libertad religiosa libremente, indica el informe actualizado “Ataques a la libertad religiosa con énfasis en las agresiones a la comunidad católica de Nicaragua” del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más. 

Según el informe, la iglesia sigue siendo una voz clara de denuncia ante la vulneración de los derechos humanos que Daniel Ortega y Rosario Murillo, están perpetrando desde el poder.

Destacan que en noviembre de 2022, 11 sacerdotes católicos permanecian en prisión, la mayoría de ellos por delitos políticos, y el obispo Rolando Álvarez, sigue encarcelado.

Como parte de la represión contra el prelado, el informe señala que el régimen cerró varios medios de comunicación católicos y el acoso policial a los católicos fue evidente, principalmente en todos los templos donde el clero denunció las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno.

“La persecución contra la iglesia es una respuesta a las continuas críticas ciudadanas al gobierno y sus abusos contra los derechos humanos. Es claro que, la razón de dicha represión es porque las iglesias abrieron sus puertas para acoger a las personas que huían de las fuerzas del régimen tras las manifestaciones y para atender a los heridos en los enfrentamientos con las autoridades, lo que llevó al gobierno a acusar a la iglesia católica de ponerse del lado de los manifestantes”, señalan.

Sobre el cierre de los espacios cívicos, el organismo de ddhh, resalta la cancelación y cierre de organizaciones religiosas en Nicaragua, lo cual afecta la libertad de asociación y expresión de la comunidad religiosa. 

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Dichos cierres alcanzaron el cierre de universidades vinculadas a la Iglesia Católica, lo cual “tiene consecuencias negativas en la educación y la autonomía universitaria, generando incertidumbre en la comunidad estudiantil y docente, así como la confiscación de bienes muebles e inmuebles”.

Asimismo, el documento señala que el régimen ha buscado asumir el control de las actividades religiosas para reemplazar a la iglesia católica, utilizando estas celebraciones como herramientas de propaganda política y control social. 

Subrayan que el prelado se encuentra en un proceso de ahogamiento financiero que va desde amenazas fiscales a confiscación y congelamiento de cuentas que han afectado operaciones diarias de la iglesia. Se desconoce cuánto tiempo pueden permanecer bajo estas agresiones.

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En este sentido, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, instó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y a tomar medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en el país.

Estadísticas del cierre de organizaciones religiosas

Desde el 2019 al 15 de noviembre del 2023, el Colectivo Nicaragua Nunca Más contabiliza un total de 3,552 organizaciones canceladas de las cuales 342 son de índole religioso.

Según este monitoreo las organizaciones religiosas alcanzan el cuarto lugar en el grupo de organizaciones canceladas con un 9.62% siendo solamente superadas por las organizaciones de promoción social y desarrollo, organizaciones gremiales o de producción y las organizaciones internacionales.

Entre el año 2007 y 2023 el régimen afirmó haber entregado más de 650 títulos de propiedad a iglesias evangélicas con la intención de garantizar la estabilidad a las personas congregadas y mantener el orden que Dios manda en las iglesias cristianas nicaragüenses. Sin embargo, mantiene que Ortega Murillo siguen con el afán por controlar el sector religioso.

“Las agresiones contra la iglesia católica por parte del régimen Ortega-Murillo han superado cualquier acto represivo contra esta institución en la historia de Nicaragua”.