Persecución a Miss Nicaragua en informe del departamento de estado sobre violación de DDHH

La persecución, cárcel y destierro a los propietarios de la franquicia de Miss Nicaragua, fue reportada en el informe de derechos humanos del año 2023, del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicada este lunes. 

Indican que el 1 de diciembre, la policía acusó a Karen Celebertti, organizadora de Miss Nicaragua y propietaria de la franquicia por "incitar y financiar acciones terroristas y de conspirar en un complot respaldado por el extranjero para derrocar al gobierno".

Sumado a la prohibición a Celebertti y su hija de regresar al país después de la competencia a finales de noviembre.

"El 27 de noviembre, la policía arrestó a su esposo y a su hijo bajo cargos similares, y permanecían detenidos hasta el 20 de diciembre". Luego el régimen, a inicios de enero, los liberó pero les dio 48 horas para salir del país. Ambos se trasladaron a México.

El 18 de noviembre, día del triunfo de Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, en Miss Universo en El Salvador, la población salió a las calles a celebrar de forma espontánea. El régimen intentó capitalizar ese triunfo a su favor y como hubo negativa de la organización Miss Universo, tomaron represalias en contra de Karen Celebertti y su familia.

Así mismo Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, calificó la manifestación de alegría del pueblo como "golpismo destructivo". 

El caso de Miss Nicaragua, está clasificado como "amenazas, acoso, vigilancia y coacción". 

"Familiares de miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de forzar al exilio a miembros de la oposición y si regresaran al país y serían arrestados", expresa el informe.

Pero también se refiere a los casos de cientos de nicaragüenses, a quienes el régimen les negó a los familiares "documentos como certificados de nacimiento de niños bajo tutela conjunta o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron que un padre que había sido exiliado por la fuerza por el gobierno estuviera presente para solicitar documentos públicos para los menores", denuncian.

Se documenta también que el régimen nicaragüense, de Daniel Ortega, cerró durante el año pasado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, despojó a 300 personas de su ciudadanía y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos "en condiciones atroces". 

Consideran que "no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el año" 2023. 

Principales violaciones a DDHH en Nicaragua

Entre las principales violaciones de derechos humanos, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala: ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del poder judicial; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país.

Así mismo detallan: "Interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad; castigo a familiares por presuntas ofensas cometidas por un familiar; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, arrestos y procesamientos injustificados de periodistas y censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Las restricciones a la libertad religiosa, fueron plasmadas en el informe del departamento de estado. 

También las restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; grave corrupción gubernamental.

"Graves restricciones gubernamentales y acoso a los derechos humanos nacionales e internacionales a organizaciones; violencia de género generalizada, incluido el feminicidio; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos étnicos y pueblos indígenas como las comunidades Mayangna y Miskito; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil".