Impunidad generalizada, deja mediación en casos de violencia doméstica dirigida por el FSLN

El informe de derechos humanos 2023 de Estados Unidos, denuncia una “impunidad generalizada”, porque “el gobierno no hizo cumplir las leyes sobre violación y violencia doméstica”, de Nicaragua. 

“El gobierno siguió utilizando los gabinetes de familia y los CLS dirigidos por el FSLN para mediar en casos de violencia doméstica. Según los observadores, ambas entidades estaban politizadas y no operaban de acuerdo con las normas del estado de derecho”, señala Estados Unidos.

También indican la falta de autoridad moral de los “mediadores” sandinistas para atender los casos de violencia.

“Las organizaciones de derechos de las mujeres se quejaron de que los propios mediadores del FSLN eran a menudo perpetradores de violencia doméstica y de que existían acuerdos no oficiales para no procesar los casos de violencia doméstica, especialmente si los casos se consideraban “no graves”, dice el informe. 

Destacan, el “control social” que el régimen realiza a través de 196 comisarías de la mujer que tuvieron la misión de distribuir “panfletos” sobre los derechos de las mujeres, realizando visitas casa a casa. 

“El gobierno empleó educación pública, refugios, líneas directas, servicios psicosociales y capacitación policial limitados e insuficientes en intentos nominales e infructuosos de abordar el problema”.

La “violencia de género sigue siendo alta y la policía en general subestimó su gravedad”, informaron grupos de mujeres al Departamento de Estado, que recoge esas denuncias en su informe. 

Violación sexual en toma de tierras indígenas

El reporte de Estados Unidos, indica que las mujeres indígenas son vulnerables a la violencia de género, especialmente durante los ataques de personas que invadían sus territorios. 

“Los informes de violaciones y violencia sexual durante esos ataques fueron comunes. Además, la falta de cobertura por parte de las agencias gubernamentales en dichos territorios hizo que fuera particularmente difícil para las mujeres indígenas encontrar refugio, justicia o atención médica después de tales ataques o de la violencia doméstica en general. Hubo varios informes de casos de violencia de género facilitada por la tecnología, incluido el intercambio en línea de imágenes íntimas, doxing y trolling”.

Abuso infantil y apátridas

En cuanto a la violación de los derechos de los niños, el informe detalla “un número creciente de apátridas de facto en el país”, por la falta de infraestructura adecuada para el registro de nacimiento de niños, sobre todo en las zonas rurales. “Las personas sin documentos de ciudadanía no podían obtener documentos de identidad nacionales”.

Sobre el abuso infantil indican que “los esfuerzos del gobierno fueron insuficientes para combatir el abuso infantil y la violencia sexual contra los niños”, pese a que existe una ley que lo prohíbe. 

Destacan el matrimonio infantil, precoz y forzado: las edades mínimas legales para contraer matrimonio fueron 18 para hombres y mujeres y 16 con autorización paterna. 

“Hay informes creíbles de matrimonios precoces forzados en algunas comunidades indígenas rurales. No se dispuso de información sobre los esfuerzos del gobierno para abordar o prevenir el matrimonio forzado y precoz”.

Sobre la explotación sexual de niños, el informe refleja que “en general, el gobierno no hizo cumplir la ley relativa al tráfico sexual de niños. La ley definía el estupro como las relaciones sexuales con niños de 14 a 16 años. Cualquier relación sexual con niños menores de 14 años se consideraba violación”.

El informe sobre violación de los derechos humanos publicado por Estados Unidos, documenta también que el régimen nicaragüense, de Daniel Ortega, cerró durante el año pasado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, despojó a 300 personas de su ciudadanía y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos "en condiciones atroces". 

Consideran que "no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el año" 2023.