CIDH: Se agudiza la represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

La represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua se agudizó en el marco de la estrategia para afianzar la concentración de poder de cara a las elecciones regionales en la Costa Caribe celebradas en marzo pasado, de acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado este jueves en Washington.

En ese contexto, la CIDH registró nuevos ataques de personas armadas, asesinatos, la cancelación del histórico partido indígena Yatama y el cierre de radios indígenas comunitarias, "hechos que enmarcan en un patrón sistemático que han afectado gravemente el derecho a la vida e integridad de personal, así como el derecho a la tierra, al territorio y a la supervivencia de las comunidades".

Asimismo, ese organismo alertó que en 2023 la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes.

"Los periodistas que intentan informar sobre asuntos de interés general se enfrentan al riesgo inminente de ser arrestados", advirtió.

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Según el informe, los distintos mecanismos de control y censura desplegados por el Gobierno han contribuido al cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, y han socavado las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión.

La CIDH aseguró que "frente al persistente contexto de impunidad generalizada y estructural respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde 2018", refrendaba "una vez más su acompañamiento a las y los nicaragüenses para alcanzar un efectivo acceso a la justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y el derecho a la memoria y a la verdad de las graves violaciones los derechos humanos cometidas".

Sobre la salida de Nicaragua de la OEA, el 18 de noviembre de 2023, la CIDH remarcó que el Estado se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"En tal virtud, la CIDH reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua, y continuará ejerciendo sus mandatos de monitoreo", afirmó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.EFE