Colectivo de Derechos Humanos denuncia impunidad en muertes de menores de edad en Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha matado personas en Nicaragua con tal de mantenerse en el poder. A seis años de iniciar esa masacre, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que entre las víctimas mortales de la represión sandinista, hay 29 personas menores de edad.
“Este ha sido el siniestro legado que ha dejado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que por siempre manchará este primero de junio Día Nacional del Niño y la Niña en Nicaragua”, se lee en un comunicado del Colectivo NN+.
El Colectivo de Derechos Humanos denunció que entre el 2018 y el 2024 el régimen es responsable de la detención de 70 niños, y de que 58 personas menores de edad quedaran huérfanas debido al asesinato de alguno de sus padres, en el marco de las protestas que iniciaron en abril de 2018 en Nicaragua.
La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) denunció la violencia contra la niñez y la adolescencia en Nicaragua, esto motivó que el régimen cerrará la organización en el año 2022.
“Al igual que otras 3,700 ONGs, Codeni denunció estas cifras que demuestran la inhumanidad de un régimen responsable también de la muerte a balazos de 355 nicaragüenses”, se lee en el documento.
Añaden “Alvarito Conrado, de 15 años, asesinado el 19 de abril de 2022 de un balazo en el cuello por un francotirador miembro de los grupos paraestatales apoyados y armados por la dictadura y a quien luego le negaron la atención médica, está siempre presente como muestra del alto nivel de barbarie que ha significado la represión contra el pueblo nicaragüense”, dice el comunicado.
LEER MÁS: Papa responde pregunta de niño nicaragüense en estadio de Roma donde pidió por la paz
Entre los asesinados, el colectivo recordó el asesinato del J. G. de 15 años, a quien le quitaron la vida el dos de junio de 2018 en Masaya; A. C. de 17 años, asesinado el ocho de junio de 2018 en Jinotega; y T. L. de 14 meses, asesinado de un balazo en la cabeza, en Managua el 23 de junio de 2018.
“Son víctimas cuyas muertes todavía se encuentran en la impunidad por un Estado que continúa violentando de forma sistemática los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense”, denunció la organización defensora de Derechos Humanos.
En su comunicado, también denuncian los constantes intentos de la dictadura sandinista de falsear la verdad y anular los ejercicios de memoria y documentación de los crímenes.
“A pesar de su diario intento de alterar la verdad publicando noticias falsas y usando granjas de troles en las redes sociales, no podrá jamás ocultar su directa participación y responsabilidad en los asesinatos de estos niños y niñas, y de los 355 nicaragüenses por los que tarde o temprano deberán enfrentar la justicia”,reza el documento.
El sábado 16 de junio de 2018, la casa de la familia Velázquez Pavón, ubicada en el barrio Carlos Marx en Managua, fue incendiada. Bomberos y vecinos dijeron en aquel momento que un grupo de encapuchados lanzaron bombas molotov contra la vivienda que ardió rápidamente porque allí vendían colchonetas.
En el lugar murieron incineradas seis personas, entre ellos un bebé de cuatro meses de nacido y una niña de tres años. No menos doloroso es recordar el monaguillo asesinado en el departamento de León, solo tenía 15 años.
“No hay una muerte más dolorosa que otra, todas duelen, todas fueron evitables, esos chavalitos estarían vivos, creciendo, formándose, pero Daniel Ortega los sacrificó, Rosario Murillo los sepultó. Los dos son cómplices”, dice un ciudadano consultado por 100 % Noticias en esta fecha dolorosa.
SEGUIR LEYENDO: Liberan a 1,500 presos comunes por el Día de la Madre en Nicaragua
En un intento de expiar los crímenes contra niños y niñas, la dictadura inaugura parques infantiles y parques acuáticos, pero estos no compensan la violencia que enfrenta la niñez en un país en dictadura.
“Cuántos niños no vieron a la policía asediar o allanar sus casas en Nicaragua, ver a sus padres u otros familiares ser secuestrados por policías o paramilitares, cuántos niños y niñas no sufrieron por ser hijos de presos políticos, cuántos menores de edad cargan esos traumas”, dice una activista de Derechos Humanos retirada por temor a la represión.
En Nicaragua la Ley No.287, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, fue aprobado el 24 de marzo de 1998. El instrumento legal resultó insuficiente ante la ferocidad del régimen de Ortega.
La dictadura también hace caso omiso de que Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional que fue suscrito por el Estado, el 20 de noviembre de 1989. Además el régimen viola la misma Constitución Política, que en su artículo 71, establece la plena vigencia de la Convención sobre los derechos, libertades y garantías de la niñez y adolescencia.