Tras la barrida de empleados públicos, en Nicaragua, sólo quedarían los más fieles, según economista

Para el economista nicaragüense y exiliado político, Marco Aurelio Peña, la reciente circular de la dictadura, en Nicaragua, sobre una “restructuración y optimización del capital humano” en la función pública del Estado de Nicaragua, significa "despidos". La fidelidad partidaria va a pesar más que la capacidad profesional. 

Expone que esta medida no tiene como objetivo sanear las finanzas del estado, cuando la dictadura está acostumbrada a “parasitar” las arcas estatales por lo que siempre han estado aferrados a los fondos públicos. Sostiene que el anuncio del gobierno sandinista tampoco es para mejorar el capital humano.

“Y no tiene cabida cuando ni siquiera dentro de la administración pública no se respeta la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, es decir, quienes debieran ascender por profesionalización, talento y antigüedad, eso está distorsionado cuando la capacidad técnico- profesional ha sido suplantada por la fidelidad político- partidaria, y hasta familiar, porque el poder absoluto se concentra en una familia y sus allegados”, precisó Peña.

El panorama que vislumbra, después de la barrida, en el sector público es que quienes sobrevivirán al recorte, serán los que tienen mayor habilidad y experiencia en los menesteres de la política, aunque éstos no sean verdaderos profesionales en las áreas de trabajo.

LEER MÁS: Destituyen a Clarissa Vivas, alcaldesa sandinista de Nindirí, cargo que ostentaba desde 2012

También planteó la posibilidad de que la dictadura sandinista quiera liberar recursos y posiblemente vayan a reducir el gasto administrativo, despidiendo a una buena cantidad de empleados públicos, “y tampoco es que quieran aplicar normas anticorrupción, pues según Transparencia Internacional desde hace tres años, Nicaragua está entre los 12 países más corruptos del mundo y el segundo con mayor percepción de corrupción en América Latina”, añadió Peña entrevistado en 100% Noticias.

Asegura que el régimen, en su ejecución presupuestaria para el resto del año, percibieron que van a quedar cortos de presupuesto, y eso los obliga a ejecutar el recorte de personal.

Liquidaciones reducidas

En cuanto a evitarse grandes liquidaciones en esta barrida, lo más probable, según el economista, no es que van despedir de forma legal a los trabajadores públicos, sino que los van a “renunciar”, o sea, obligarlos a poner su renuncia para aplicarles la nueva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”. 

Con la nueva tabla para indemnizaciones, los trabajadores del Estado que renuncien tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo, y no a partir del primer año, como era antes. 

SEGUIR LEYENDO: Renuncia ministra de la mujer Tamara Martínez Sarantez en Nicaragua

Los trabajadores del sector público que tengan de 3 a 10 años de servicio continuo obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria, según la nueva tabla.

Los empleados estatales que renuncien con 10 a 15 años de servicio continuo recibirán dos meses de salario; los de 15 años a 20 años, la indemnización será el equivalente a tres meses de salario; y los que acumulen 20 años o más recibirán el equivalente a cinco meses de salario, de acuerdo a la nueva ley.

"Si alguna vez un ciudadano pensó que quedándose callado y haciendo bien su trabajo en una dependencia estatal, esto no iba a pasar, pues bueno, así son las dictaduras”, manifestó Peña.

LEER MÁS: Daniel Ortega destituye a vicecanciller Carlos Cerda y a sobrino de Gadafi

Con la inminente llegada del fantasma de la compactación estatal, ahora el escenario se complica más en Nicaragua. Se suma suspensión temporal del Parole Humanitario hacia Estados Unidos, que era una alternativa para la migración regular y lograr obtener un empleo. También, la crisis política que sacude a Venezuela y a los chavistas, aliado de los Ortega Murillo.