Organizaciones internacionales y sociedad civil condenan masivo cierre de ONG en Nicaragua

La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la RedProdepaz Nicaragua y diversas organizaciones de la sociedad civil, condenaron las recientes reformas legislativas impulsadas por el dictador Daniel Ortega, entre ellas, las reformas y adiciones a la Ley N° 1115 (Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro), la Ley N° 1040 (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros) y la reforma a la Ley N° 822 (Ley de Concertación Tributaria). 

Todas las reformas fueron aprobadas el pasado 19 de agosto de 2024 y sucitaron un amplio rechazo tanto dentro como fuera del país.

“Denunciamos la alarmante decisión del Estado de Nicaragua de clausurar de manera arbitraria 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de ellas de carácter religioso, en lo que constituye el mayor cierre masivo de asociaciones en un solo día desde el inicio de la represión en 2018”, se lee en el documento. 

Califican además las reformas como un “acto represivo” que “se enmarca en una preocupante serie de ataques sistemáticos y generalizados contra la sociedad civil, que ya ha resultado en la anulación de más de 5.200 organizaciones desde las protestas de abril de 2018”, apuntan en el comunicado.

Según la sociedad civil, este reciente golpe afecta a organizaciones que desempeñaban labores esenciales en áreas críticas como la educación, la salud, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la diversidad sexual y el apoyo a comunidades marginadas. 

Añaden que “no solo constituye una grave violación de la libertad de asociación, religión y de expresión, sino que también representa un retroceso alarmante en la protección y promoción de los derechos fundamentales en Nicaragua”, reza el comunicado.

RIDHE y las demás organizaciones, condenan el uso del control estatal para silenciar a cualquier voz disidente o percibida como opositora al régimen. Denuncian que esta represión también se extiende a líderes religiosos, periodistas y activistas, en una flagrante violación de los principios básicos del Estado de derecho.

Las organizaciones rechazan las acusaciones del gobierno, que alega incumplimientos en la presentación de estados financieros por parte de las ONG como justificación para los cierres. Consideran que estas medidas son simplemente un pretexto para consolidar el poder y desmantelar cualquier espacio de crítica y resistencia en el país.

“Es profundamente preocupante y condenable que el Estado de Nicaragua continúe utilizando su control sobre las instituciones estatales para silenciar a quienes percibe como opositores, en una flagrante violación de los principios básicos del Estado de derecho”, indican.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la justicia y la democracia, a condenar estas acciones represivas y a exigir el cese inmediato de la represión en Nicaragua. 

Las organizaciones concluyen su comunicado con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo nicaragüense y hacia quienes, pese a la persecución, continúan luchando por un futuro de libertad y dignidad.