Directores penitenciarios de Nicaragua respaldan los indultos: “Todos son parte de nuestra sociedad”

Los directores del Sistema Penitenciario Nacional, Julio Orozco y Venancio Alanís, defendieron las frecuentes liberaciones masivas de reos comunes en Nicaragua. En una reciente entrevista con un medio oficialista, ambos funcionarios aseguraron que estas medidas se toman en cumplimiento de los derechos humanos de todos los prisioneros de los cuales aseguran ser respetuosos.

A pesar de la fuerte oposición ciudadana, los jefes de las cárceles nicaragüenses defienden esta medida argumentando que la tasa de reincidencia es baja, situándose en un 8%. Según sus cálculos, de cada cien personas liberadas, solo ocho retornan al sistema penitenciario.

Orozco destacó que la tasa de reincidencia en Nicaragua, del 13%, es relativamente baja en comparación con otros países. Sin embargo, enfatizó que en el caso específico de los beneficiados con indultos, esta cifra se reduce aún más, situándose en un 8%.

Según el funcionario, esto demuestra que, a pesar de las críticas, los programas de reinserción social están dando resultados y que la mayoría de las personas que reciben una segunda oportunidad la merecen.

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“Pero a nivel de los beneficios legales que ofrece el estado y que muchas veces la gente los critica, esa reincidencia es únicamente del 8%, de cien 8 vuelven porque no quisieron cambiar y se les dieron herramientas necesarias para cambiar”, insistió Orozco.

Un total de 7.630 reos comunes fueron enviados a sus casas en Nicaragua en 2023, y 4.850 en 2022. Entre 2014 y 2022, el régimen nicaragüense sacó de prisión a 38.540 prisioneros, para un promedio anual de 4.282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

¿Condiciones dignas?

Asimismo, afirmó que se han mejorado las condiciones en infraestructuras como celdas, áreas comunes, tuberías de agua potable y servida y que se han invertido millones de córdobas en la compra de pintura para todas las prisiones del país.

Orozco y Venancio afirmaron que la gobernabilidad y control de las autoridades en los penales se debe “a la comunicación permanente” que existe con los presos y familiares de estos.

“Ingresamos todos los días a todos los rincones de nuestras prisiones y es donde tenemos el tratamiento directo con el reeducador, el jefe de galería, hacemos recorrido, revisamos la parte de la salubridad, las condiciones y cuando hay un problema atendemos de manera inmediata”, agregó Venancio.

Sin embargo, contrario a lo expresado por los jefes policiales, en junio pasado organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) documentaron condiciones inhumanas en las cárceles, incluyendo insalubridad, desnutrición y falta de atención médica, lo cual contrasta con las declaraciones de las autoridades penitenciarias.

A pesar de que los datos oficiales indican una población carcelaria de 21,000 internos distribuidos en diez centros de detención, organizaciones internacionales como la CIDH han denunciado la situación de al menos 128 opositores políticos privados de su libertad.

Los directores del Sistema Penitenciario, mientras defienden un supuesto respeto a los derechos humanos de todos los reclusos, evitan mencionar tanto a estos presos políticos como al último grupo de nicaragüenses desterrados y desnacionalizados.

“… Independientemente que la persona haya cometido X o Y delito para nosotros es un ser humano. Es una persona que nos lo pone la sociedad para que nosotros hagamos un trabajo con ellos de modificar un poco su conducta … porque una persona que cometió un delito no quiere decir que hay que desterrarla, no. Hay que trabajar con ella porque es parte de nuestra sociedad”, concluyó Orozco.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.