La quema de una familia, ataques y censura a 100% Noticias pesó, para sanciones a funcionarios orteguistas

El Gobierno de Estados Unidos condenó enérgicamente la violencia que ha desatado en Nicaragua los grupos paramilitares y policiales bajo el mando de Daniel Ortega. Es por ello, que este jueves el Departamento estadounidense del Tesoro en un comunicado dio a conocer los nombres de los funcionarios que han sido sancionados por medio de la Ley Magnitsky.

En la lista figuran: Francisco Díaz, comisionado de la Policía Nacional, Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, así como Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua.

"Desde el inicio de las protestas el 18 de abril, la violenta respuesta del gobierno de Nicaragua ha incluido golpizas a periodistas, ataques contra estaciones locales de TV y radio, y asaltos a madres dolientes por la muerte de sus hijos", se lee en el comunicado. 

Asimismo se explican las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido estos funcionarios orteguistas contra los nicaragüenses.

En el caso del comisionado de la Policía, Francisco Díaz, el comunicado íntegro se refiere como "jefe de-facto y encargado de las operaciones diarias de la Policía Nacional. Bajo el comando de Díaz, la Policía Nacional se ha involucrado en violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, inclusive ejecuciones extrajudiciales.

En junio, hombres armados enmascarados acompañados por individuos que fueron identificados por testigos como policías nicaragüenses, prendieron fuego a la casa de una familia en Managua, matando a seis personas, incluidos dos niños.

Cuando los vecinos intentaron ayudar, la Policía presuntamente les disparó, evitando que los posibles rescatistas pudieran acercarse a la familia. La Policía nicaragüense ha contactado a líderes de pandillas en Nicaragua para pedirles su apoyo para atacar a los manifestantes anti-gubernamentales, y han sido acusados de disparar indiscriminadamente, y matar, a manifestantes pacíficos".

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En cambio a Fidel Moreno Briones se le aplicó la ley por ser el "principal contacto entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y también ha sido líder de la Juventud Sandinista, la organización de jóvenes del FSLN.

La Juventud Sandinista ha estado implicada en numerosas violaciones graves de los derechos humanos relacionadas con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense, inclusive la golpiza de manifestantes en abril de 2018 y la presunta participación en el ataque en junio que mató a una familia de seis en Managua.

Moreno ha estado personalmente implicado en ordenar ataques contra los manifestantes desde el año 2013, cuando personas mayores y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción en las pensiones de jubilación, fueron violentamente desalojadas de su campamento por miembros de la Juventud Sandinista.

En el año 2013, Moreno también organizó el uso de motociclistas para atacar violentamente a personas que protestaban contra la defectuosa ejecución de un programa del gobierno, y a comienzos del año 2017 reclutó a otras personas para que se unan a los motociclistas, para participar en las medidas para reprimir las marchas contra el gobierno. Moreno ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, y de usar los fondos del municipio para pagar las actividades partidarias del FSLN".

Y a Francisco López Centeno, por ser "el vicepresidente de ALBANISA, la compañía que importa y vende productos venezolanos derivados del petróleo, y presidente de la empresa pública nicaragüense de petróleo, Petronic.

López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas, que él ha podido aprovechar, inclusive para el uso personal de los líderes nicaragüenses.

Cuando participó en proyectos de infraestructura, López extraía fondos negociando pagos personales, ha colocado a un gran número de individuos en cargos en todo el gobierno quienes después lo han ayudado a robar millones de dólares cada año, y ha utilizado su posición para provecho propio y de su familia, utilizando las compañías de su propiedad para ganar contratos del gobierno.

ALBANISA es 49% de propiedad de Petronic, y 51% de propiedad de la empresa estatal petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense y del FSLN han utilizado los fondos de ALBANISA para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos".

Se manifiestan

Por su parte el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo vía twitter que su país, "apoya al pueblo nicaragüense y seguirán responsabilizando a los culpables de la violencia".

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, remarcó el actuar del Departamento del Tesoro, para sancionar a los funcionarios sandinistas que han cometido corrupción y violación a los derechos humanos.

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