Gobierno alemán condena brutal agresión a obispos en Nicaragua

El Gobierno alemán condenó severamente los ataques perpetrados el lunes en Nicaragua contra obispos católicos y expresó sus condolencias a los familiares de las más de 300 víctimas mortales que desde mediados de abril se ha cobrado la ola de violencia desatada en el país centroamericano.

"Condenamos enérgicamente los ataques a representantes de la Iglesia católica en Nicaragua que se produjeron en el marco de su mediación a favor del diálogo nacional y del fin de la violencia", señaló el Ministerio de Exteriores germano en un comunicado.

La denuncia de Berlín llega tras los disturbios ocurridos el lunes cuando una misión de obispos, periodistas y activistas de derechos humanos fue atacada por simpatizantes del Gobierno en Diriamba, al sur de Managua.

"El Gobierno (de Nicaragua) y las fuerzas de seguridad tienen el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Instamos a todos los involucrados a que busquen una solución pacífica a la crisis por el bien del país y a que continúen trabajando de forma decidida en el proceso de diálogo", rezaba en escrito.

El Ejecutivo de Angela Merkel también llamó a aclarar "rápidamente y de forma extensa" las circunstancias de la muerte de las más de 300 víctimas y pidió que se castigue a los responsables.

El departamento de Exteriores que dirige el socialdemócrata Heiko Maas recordó que Alemania, en línea con el resto de países miembro de la Unión Europea, aboga por una solución política de la crisis así como por la investigación y esclarecimiento de los actos de violencia.

El ataque de este lunes tuvo lugar después de que los religiosos, acompañados por el nuncio apostólico polaco Waldemar Sommertag, llegaran en "misión humanitaria" a Diriamba, a 43 kilómetros de la capital de Nicaragua, y fueran asediados por decenas de personas, varias de ellas encapuchadas.

Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril, que se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles.

El Gobierno solo reconoce 47 muertos, mientras organizaciones de derechos humanos independientes suman 309, en su mayoría jóvenes estudiantes atacados a tiros por policías y paramilitares.