Gobierno incumple Ley de Concertación Tributaria
Al menos cinco cámaras y asociaciones de productores agropecuarios denunciaron que el Gobierno de Daniel Ortega está incumpliendo con la Ley No. 822 “Ley de concertación tributaria”, como una medida más de presión contra el sector privado nicaragüense, por estar involucrado en las protestas cívicas en demanda de justicia y democracia en Nicaragua.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), la asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN) y la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), señalan mediante un comunicado de prensa que consideran “que esta situación además de ser un claro incumpliendo a la ley, constituye una medida más de presión contra el sector privado nicaragüense, desde que se iniciaron las protestas cívicas en demanda de justicia y democracia en nuestro país”.
Ley de concertación tributaria, sus reformas y reglamentos, tiene que ver con los Derechos arancelarios a la importación (DAI), del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las compras locales e importaciones de materias primas, medios intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos, destinadas al uso de las actividades propias de los productores de la micro y pequeña empresa.
Es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el encargado de cumplir con lo establecido. “Dicha situación afecta directamente las diferentes actividades económicas del país, generando incremento de los costos de producción de toda la cadena de valor, reduciendo la competitividad de la base exportable, afectaciones en el empleo y encarecimiento de la canasta básica nicaragüense”, advierten las cámaras y asociaciones.
Al respecto, aproximadamente US$8 millones de dólares asciende el monto de los productos e insumos agropecuarios retenidos en Aduana desde hace aproximadamente un mes, los cuales no han podido ser retirados por las empresas propietarias porque no han recibido el aval de exoneración de impuestos que les confiere la Ley de Concertación Tributaria.