Paulo Abrão: Nicaragua entró en una fase de represión burocrática
Abrão expresó su preocupación por la posibilidad de que esta tercera fase se convierta en una tendencia.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, aseguró que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase, la que calificó como "represión burocrática".
"Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática que utiliza el sistema penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas", manifestó Abrão en rueda de prensa en Washington.
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Según el funcionario, hay tres fases en la crisis nicaragüense. Estas son: la primera fase de "represión tradicional", marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes; la segunda fase fue la que estuvo marcada por la "Operación Limpieza", que el Gobierno de Daniel Ortega puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores; y la tercera fase de "represión burocrática”.
Abrão expresó su preocupación por la posibilidad de que esta tercera fase se convierta en una tendencia. En esta etapa se enmarcan las denuncias de secuestros recibidas por la Comisión, sobre personas detenidas en sus casas que se enteran de que están siendo acusadas penalmente cuando llegan a dependencias policiales.
Diferentes cifras de muertos
El secretario de la CIDH, avanzó que la próxima semana habrá una nueva actualización de cifras de víctimas fatales a través del Mecanismo Especial de Seguimiento creado por la CIDH para monitorear la situación en el país centroamericano. Las cifras de la CIDH son las más conservadoras en comparación con los organismos y organizaciones de derechos humanos que contabilizan los muertos en esta crisis. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) dio este jueves, coincidiendo con los 100 días de protestas, que el número de fallecidos es de 448.
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Abrão argumentó la disparidad por las diferencias de metodología y protocolos aplicados, pero no restó validez al número de muertos que dan las organizaciones de la sociedad civil. "Es muy probable que la cifra sea más alta de la que la Comisión presenta, que esté más cerca a la que las organizaciones de derechos humanos están anunciando", apuntó.
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