ONU lamenta la expulsión de la misión de investigación en Nicaragua

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) lamentó la reciente decisión de las autoridades de Nicaragua de expulsar a su misión del país.

"Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno nicaragüense de expulsar a un grupo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que se adoptó un día después de que publicáramos un informe sobre violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos en el país desde abril pasado", dijo la portavoz de la institución, Liz Throssell.

Agregó que la protección de las víctimas en Nicaragua es una tarea "cada vez más difícil" dada la criminalización y arrestos a los que se enfrentan personas y grupos asociados con protestas.

Throssell denunció "campañas difamatorias desatadas por los medios de comunicación afines al Gobierno" contra los protestantes a quienes catalogan como "terroristas" o "golpistas", así como "despidos injustificados y amenazas generalizadas".

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Aseguró que a pesar de que la misión de la ONU para los DDHH abandonó Nicaragua el pasado 1 de septiembre, "continuaremos monitoreando la situación de los derechos humanos en el país" y "seguiremos siendo una voz para las víctimas".

Señaló, además, que la institución está dispuesta a apoyar a Nicaragua a "cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos".

Según Throssell, el informe y sus recomendaciones proporcionan a este país latinoamericano "un instrumento importante" para que pueda superar las profundas crisis social y económica y fortalecer sus instituciones.

En su informe publicado la semana pasada la Acnudh señaló que "la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas sociales el 18 de abril de 2018 se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2.000 heridas.

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De inmediato el Gobierno de Daniel Ortega rechazó el documento y advirtió que la misión de la Acnudh que había sido invitada al país no tenía mandato ni función para realizar monitoreo sobre los casos de muertes y detenciones en el marco de las protestas.

El Gobierno reconoce que desde abril fallecieron algo menos de 200 personas y asegura que la violencia es promovida en gran medida por sectores opositores que buscan un "golpe blando" contra Ortega.

Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado cuando comenzó una ola de protestas contra el proyecto de reforma de la seguridad social que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.