Policía sandinista declara ilegal marchas azul y blanco

A través de una nota de prensa la Policía sandinista catalogó como "ilegales" las marchas que realizan los autoconvocados que exigen la salida de Daniel Ortega del Gobierno y la liberación de los más de 300 presos políticos que han protestado en contra de Ortega por las muertes de 512 nicaragüenses.

"La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua sobre delitos cometidos en Marchas ilegales en Managua", cita el comunicado en donde detallaron las diferentes marchas azul y blanco que se han realizado en Managua.

Además, manifestaron que "los convocantes son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades", indica el comunicado.

La Policía sandinista en el comunicado también agregó que "ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la Seguridad, la Vida, y el Orden Público".

Asimismo, amenazó a quienes convoquen a las marchas, ya que serán llevadas "ante la justicia". "Serán responsables y responderán ante la Justicia, las Personas y Organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales".

Violan Constitución Política

Según el Artículo 54 de nuestra Constitución Política expresa que: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

Ahora bien, la parte final de este artículo constitucional “de conformidad con la ley” no quiere decir que la autoridad esté facultada para impedir la realización del derecho mismo, por el contrario, el Estado y los agentes vinculados al tema deben estar obligados a propiciarlo.

"Ninguna ley puede establecer, por ejemplo, requisitos que impidan en la práctica la posibilidad de manifestarse, de protestar porque hacerlo es negar Derecho. Los Estados Constitucionales y Democráticos gozan de mejor salud y se retroalimentan cuando cuentan con una ciudadanía en ejercicio", analizó en un artículo el abogado del CENIDH, Gonzalo Carrión.