Manifestantes son acusados de terrorismo, aunque Alba Luz Ramos niegue que se aplique ley antiterrorismo

La Prensa

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó, ante medios independientes, que a los presos políticos se le esté juzgando con la ley antiterrorismo: “Nosotros no estamos aplicando esa Ley a los casos que se están judicializando, porque esos casos se dieron antes que se aplicara o se aprobara esa ley”, expresó.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aclaró que, aunque no se le esté aplicando la nueva ley de antiterrorismo, sí están juzgando bajo la Ley 641 que también refiere sobre terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entre otros.

“Es real que no se está aplicando la Ley antiterrorismo pero sí se está aplicando la ley 641 del Código Penal, que tipifica el terrorismo como un delito y perversamente todos los operados de justicia se han coludido para faltar a la objetividad y encasillan de legítimas protestas como acto terrorista”, explicó Cuevas.

Y agregó: “Lo grave de este asunto es que los legítimos actos de protestas los encasillan en ese tipo penal que ya existían, y ella (Alba Luz) perfectamente lo sabe, y obvió en sus declaraciones”.

Las acusaciones de terrorismo no se habían registrado desde hace muchos años, de acuerdo a Cuevas, y se dispararon con el desarrollo de las protestas en contra de Daniel Ortega. “Hace algunos meses no había ni un solo terrorista y de repente hay miles de terroristas, entonces estamos peor que los países orientales”, cuestionó Cuevas.

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Los más de trescientos presos políticos acusados de terrorismo “lo están encasillando en el tipo penal ya existente solo por ejercer su derecho a la protesta”, reiteró el abogado. Y refutó: “No cabe ese tipo penal”.

La Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, fue aprobada con 70 votos a favor, el pasado 17 de julio, y desde entonces se le ha acusado a los autoconvocados de “terrorista”.

Esta ley reforma los artículos 394 y 395 del Código Penal de Nicaragua. El Artículo 394 indica que será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión a “quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Recurso de amparo “en veremos”

Alba Luz Ramos, en sus breves palabras, también señaló los recursos de amparo por inconstitucionalidad en contra de la ley antiterrorista, interpuestas por el abogado Alberto Novoa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), diciendo que “se va a estudiar, a ver qué es lo que dice, qué se va hacer con eso”.

En septiembre, el abogado Alberto Novoa y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), interpusieron un amparo por inconstitucionalidad contra la Ley 977 o ley antiterrorismo. Asimismo, Joel Hernández, relator de la CIDH para los privados de libertad, dijo -luego de su visita a Nicaragua el mes pasado- que el concepto de terrorismo no se ajusta a las detenciones realizadas por las autoridades sandinistas.

Para Pablo Cuevas, del CPDH, el hecho de que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia se deje guiar por los intereses del FSLN, y no por la de los nicaragüenses, es un acto más de inconstitucionalidad que carece el Poder judicial. “Ya se sabe cómo va a terminar esos recursos”.

“Van a resolver con base a las preferencias e intereses partidarias”, concluyó.