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Alberto Novoa: "Vivimos en un Estado de anarquía ilegal donde no hay ley"

“Todo es un organigrama, una estrategia bien elaborada para calmar un derecho, que es el derecho a protestar”

Octubre 10, 2018 03:31 PM

Para el exprocurador y jurista Alberto Novoa, actualmente en Nicaragua vivimos en un estado policiaco ante el accionar del gobierno para con los presos políticos que son acusados de terrorismo e invita a la magistrada sandinista, Alba Luz Ramos, presidenta del Poder Judicial a conocer todas las acusaciones que se les imputan a los manifestantes.

Ramos, el sábado pasado aseguró que no se está aplicando la reciente Ley de Terrorismo que fue aprobada en la Asamblea Nacional, pero lo que sí se está aplicando es lo referido al terrorismo en el Código Penal; por lo cual Novoa la invita a indagarse.

“Simplemente le pido que vaya a revisar las listas que tienen la CPDH, el CENIDH y todos los demás para que le digan todos los tipos de penales que están acusando, la mayoría tiene un eje transversal que es terrorismo, si eso no le da ninguna razón, o yo no sé leer, o la gente no sabe leer, o ella no mira los periódicos”, dijo el exprocurador.

Además, señala que en el país vivimos en una anarquía ilegal, en la que no existen leyes y que quienes no estamos a favor del gobierno pertenecemos a una segunda categoría y que “todo es un organigrama, una estrategia bien elaborada para calmar un derecho, que es el derecho a protestar”.

“Vivimos en un estado de anarquía ilegal, es decir, no es anarquía social, sino que aquí no hay ley, aquí hay una desigualdad en la ley y una desigualdad ante la ley, hay personas de primer orden y de segundo nivel, los que no estamos con el gobierno somos personas de segundo nivel, somos ciudadanos de segunda categoría”, indicó Novoa.

A finales del mes pasado la policía sandinista a través de una nota de prensa amenazó a quienes convoquen a marchas, porque serían llevadas "ante la justicia", la misiva contradice la Constitución Política en su artículo 54 el que expresa que: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

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