Empresa estatal de exportación e importación crearía competencia desleal

El Gobierno sandinista de Daniel Ortega envió a la Asamblea una iniciativa de ley para crear la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones, Enimex que será sucesora de la Empresa Nacional de Importaciones, Enimport.

Según la iniciativa de ley, Enimex será una empresa pública y podrá realizar transacciones de bienes, mercancías, productos y servicio en general actuando inclusive como agente comprador y vender discrecional al Estado.

Esta acción, es para Eliseo Núñez, exdiputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), “un distorsionador de mercado”, lo que significaría que Enimex va poder comprarle a privado y después venderle al Estado sin licitaciones.

“Con el peso que tiene el Estado en el PIB de Nicaragua, ya es suficiente distorsionador de la economía, se van a perder empleo en el comercio y área productiva del país”, explica Núñez.

El documento además expresa que Enimex regulará de “forma integral las importaciones y exportaciones que realice el Estado desde una entidad pública en aras de seguir contribuyendo al desarrollo económico sostenible del país”.

Para el exdiputado, el objetivo del gobierno sandinista “es quedarse con las cuotas preferenciales” que tiene el país a “mayor valor en los mercados a como los Estados Unidos” en el caso de azúcar y banano.

La nueva estrategia del gobierno, de crear Enimex, afectará a grandes empresas, las cuales tienen interconexiones muy amplias con productores más pequeños, y otros tipos de empresas, que, si tiene una merma en sus ventas -producto de que era ahora el mayor comprador, sufragador, vendedor es el Estado- van a trasladarlo ya sea al precio o pérdida de empleo, subraya Eliseo Núñez.

Se espera que la próxima semana esta iniciativa llegue a la Asamblea Nacional para someterse a votación y ser aprobada.

“Si asegura un rol más activo del Estado en el comercio exterior con posibilidades de competencia desleal al sector privado y un avance hacia un modelo económico más centralizado”, dijo por su parte el abogado José Pallaís, del FAD.