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Mercosur repudia las "acciones represivas" de Daniel Ortega

Octubre 15, 2018 03:20 PM

El Mercosur expresó este lunes su "repudio" a la represión policial en Nicaragua, de "creciente violencia" e "incompatible" con la democracia, en un comunicado divulgado por sus cancilleres reunidos en Montevideo.

El texto señala el "repudio a las acciones represivas del gobierno nicaragüense (de Daniel Ortega) contra sus opositores y la preocupación por la detención de defensores de los derechos humanos ocurridas este domingo 14 de octubre, que representan un agravamiento de la crisis social y política que vive ese país".

Los cancilleres Jorge Faurie (Argentina), Aloysio Nunes (Brasil), Luis Alberto Castiglioni (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) "reiteran su rechazo a la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo de Nicaragua y a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de gobierno y que han provocado un elevado número de víctimas desde el pasado mes de abril".

Los ministros se reunieron este lunes en Uruguay, que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur.

La policía nicaragüense reprimió el domingo con bombas aturdidoras, golpes y cerca de 20 arrestos la marcha "Unidos por la libertad" que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno de Ortega.

Entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), denunciaron los organizadores de la protesta.

"No disparen", "libertad", gritaban los manifestantes a los agentes que de forma violenta los rodearon en el estacionamiento de un centro comercial, donde se estaban agrupando para iniciar la marcha.

Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras el arranque de la violencia que hasta ahora deja 320 muertos, se convirtieron en una demanda por la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

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