Álvaro Leiva: “Yo quise ser sacerdote, pero Dios me puso en otro camino de vocación”

El abogado Álvaro Leiva Sánchez no celebró su cumpleaños 55 el 15 de julio pasado. Ese día se encontraba en su ciudad natal Masaya, en medio de un ataque de paramilitares armados leales al Gobierno de Nicaragua que pretendían desarmar las barricadas que pobladores habían levantado en protesta por una reforma al seguro social. El operativo dejó diez muertos, decenas de heridos y detenidos. El cumpleañero lanzó un SOS al país, sus vecinos estaban siendo masacrados.  

Leiva proviene de una familia indígena de Monimbó, Masaya, al sureste de Managua, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Allí abundan artesanos de hamacas, de cuero, carpinteros y artistas. Es un pueblo reconocido por su gesta contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado por rebeldes sandinistas en 1979, cuando Leiva era un jovencito apenas.

Nació en 1963. Sus primeros años de vida estudió en un colegio religioso y estuvo a punto de ser seminarista. Fue líder estudiantil e ingresó a la facultad de medicina, carrera que luego abandonó por la guerra que azotaba al país en los años ochenta entre el gobierno sandinista y una guerrilla denominada “La Contra”.

Sus padres decidieron enviarlo a Guatemala en 1988. “No compartía cómo se violaban los derechos humanos de la juventud nicaragüense, acechados por una ideología partidaria que mató a miles de jóvenes en ese momento”, recuerda.
Concluyó sus estudios como abogado y notario público, también se especializó en derecho constitucional, derechos humanos y laborales. En 1995 retornó a Nicaragua para ejercer la carrera en leyes, aunque siempre atraído por temas sociales, que lo llevó a ser comisionado de la misión de Canadian Human Rights International Organization (CHRIO).

En 2015 Leiva asumió la secretaría de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), un organismo que nació en el contexto bélico de los años ochenta y enfocado en el sector rural. El nuevo secretario redirigió los esfuerzos en señalar las violaciones de derechos humanos hacia los empleados públicos del estado, muchos despedidos bajo el retorno sandinista al poder en 2007, así como el derecho a la salud y la seguridad social.

Según Leiva, desde hace varios años su equipo hacía “una serie de señalamientos que se miraban síntoma de una centralización de poderes en Nicaragua y que esto directamente estaba vinculado a que las funciones públicas se venían agrupando en una sola persona”.

Punto de inflexión en Nicaragua: el estallido social de abril

El 18 de abril cambió la historia moderna de Nicaragua. Ese día un grupo de jóvenes se disponían a manifestarse en Camino de Oriente, una plaza de compras ubicada sobre la principal arteria vehicular de la capital. Eran alrededor de 80 muchachos, en su mayoría universitarios molestos por la reforma del seguro social que decidieron bloquear el tráfico a sabiendas que podían ser reprimidos por la Policía, como ya había ocurrido días antes cuando otro grupo protestó por la tardía respuesta del estado para sofocar un incendio forestal en Indio Maíz, la mayor reserva biológica del país.  

La represión fue brutal. Los nicaragüenses vieron por televisión y redes sociales como los jóvenes eran agredidos a palos, piedras y cuchillos por fuerzas de choque progobierno y acuerpados por policías que protegían a los agresores y reprimían a los agredidos, entre ellos periodistas y transeúntes.

El celular de Leiva no paraba de sonar mientras exponía en Guatemala a la Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA) del CAFTA el caso de la reserva incendiada y la “deficiente” respuesta del Gobierno para atender la emergencia. Al día siguiente voló temprano a Managua y al llegar se topó con una pequeña manifestación callejera, que ese día comenzaban a multiplicarse en decenas de piquetes en todo el país.   

Al llegar a su oficina un miembro de su equipo lo recibió preocupado. - Doctor no tenemos buenas noticias, la situación del país está convulsionada- Al tiempo que le entregó un folder lleno de denuncias que habían recibido desde temprano. El teléfono no paraba de sonar. Eran defensores territoriales de la ANPDH registrando agresiones, arrestos, amenazas y un sin número de situaciones que cada vez subían de tono.

“Esto no es normal” se repetía Leiva. Se reunió de emergencia con otros defensores de derechos humanos para evaluar el nivel de la situación y orientó activar el centro de monitoreo de su organización. Según Leiva, ese 19 de abril fue el último día que logró dormir, luego “no volvimos a tener una vida estable como ciudadanos ni como defensores”.

Leiva: “Miramos como los ciudadanos están siendo reprimidos, encarcelados y eliminados por ejercer la protesta”

Las protestas en Nicaragua se tornaron violentas cuando el Gobierno realizó la “Operación Limpieza” en varias ciudades, según documentó en agosto pasado la Misión en Nicaragua para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe de ACNUDH destacó el uso de “fuerza letal” para reprimir a los manifestantes y mencionó la existencia en el país de “grupos armados” que en algunos casos, reprimieron de forma coordinada con las autoridades las manifestaciones. Después de la presentación del informe el gobierno invitó a la misión ACNUDH a abandonar el país.

Con una bandera blanca que tiene gravada en azul “Derechos Humanos”, Leiva cruzaba las barricadas de Monimbó. La bandera era su única protección y le acompañaba el cura de la ciudad, Edwin Román, también su amigo. “Me hacía la idea de que esa bandera era como la capa de Batman, que podían rebotar las balas ahí”, dice, y confiesa que al ver las imágenes no da crédito de su osadía.

Ambos se jugaban la vida en medio de balas, piedras y bombas artesanales rescatando a manifestantes y policías capturados, evacuando a los heridos de la zona de peligro, recuperando cadáveres para entregarlo a sus familiares y tratando de mediar en un conflicto que paralizó al país entre abril y agosto de este año.

Para el 2 de junio Leiva y el cura eran las únicas figuras confiables de la ciudad. Convertidos en una especie de héroes locales los jóvenes corrieron a avisarles que Junior Gaitán, un jovencito de catorce años estaba en manos de la policía a unas cuadras. De rodillas y con un rifle apuntándole a su frente, el adolescente rogaba por su vida. El tiempo no fue suficiente. La ciudad entera escuchó los disparos seguido de un silencio sepulcral que embargó en dolor a los rebeldes de Monimbó. “Fue ejecutado” reitera Leiva.  

El auto exilio a Costa Rica huyendo de la persecución judicial

El 31 de julio el reloj marcaba las once de la noche cuando el abogado recibió una llamada, era de un amigo de infancia. La llamada no la esperaba y tampoco la noticia de su amigo, un fiscal de la justicia nicaragüense de ideología sandinista.
- Doctor Leiva, amigo. Te llamo porque estoy renunciando. Hay un expediente judicial donde te van a perseguir, te van a enjuiciar, te van a encarcelar. Eso se va a desarrollar en las próximas horas- advirtió.

“El estado nicaragüense trató de ejercer acciones que penalizaban mi trabajo como defensor. Fui víctima de asedio y persecución” cuenta el abogado, quien horas después salió de forma clandestina de Nicaragua hacia Honduras, acompañado por cuatro de sus compañeros defensores y cargando consigo grandes carpetas de papeles que resguarda aún como tesoro: Testimonios y evidencias que documentan las violaciones de derechos humanos durante la crisis socio política.

Coincidente encuentro en aeropuerto de Honduras. Álvaro Leiva y equipo ANPDH en tránsito para Costa Rica. Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante. Llorando, ellos decían que apesar del custo, ha valido la pena defender los DDHH en #Nicaragua pic.twitter.com/HzLQ2JLUMD — Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 6 de agosto de 2018

De Honduras viajaron a Costa Rica para solicitar asilo y montar una nueva oficina con el fin de dar seguimiento a los casos en Nicaragua, sumado a una nueva tarea; atender a los más de 40 mil nicaragüenses que para esa fecha habían huido a Costa Rica.

Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, anunció que Álvaro Leiva se convertía en el primer asilado político de ese país. Miles de solicitudes están en trámite aún. Para el defensor “esto sustenta la seriedad con que hemos venido trabajando y el reconocimiento del estado costarricense”.

Hemos otorgado oficialmente asilo político al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, quien ha manifestado ser víctima de persecución materializada en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal. — Epsy Campbell (@epsycampbell) 11 de octubre de 2018

Ahora está próximo a iniciar una gira por Europa, donde recibirá el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos 2018 que le otorgaron en julio pasado y el cual ha dedicado a las víctimas de la represión en Nicaragua, que según los últimos datos de la ANPDH ascienden a 545 muertos.

El equipo que salió con Leiva ahora forma parte de su “apostolado” de derechos humanos. Todos viven en la misma casa en San José, capital de Costa Rica y se dividen las tareas de casa. Leiva es jefe también en el hogar, aunque por negarse a lavar platos le ha tocado limpiar los baños de todos y lavar la ropa. Administra el presupuesto en común y rellena con aire las camas inflables donde les toca dormir. Sus compañeros de trabajo lo ven como un padre.

Se despierta entre las dos y cinco de la mañana para revisar su correo electrónico y Whatsapp. Luego se alista para estar a las seis de la mañana en su oficina con café en mano. Revisa su agenda del día que culmina hasta las seis de la tarde, cuando toma otro café con sus “apóstoles” mientras analizan la jordana laboral. Así, de lunes a domingo sin descanso.

“Estamos en una misión permanente. Yo quise ser sacerdote, pero Dios me puso en otro camino de vocación”, expresa.