De paramilitar a juez en Matagalpa

Yader Morazán, hijo de Alfonso José Morazán Castillo –preso político del régimen y quien fuera militante del FSLN en los años ochenta- llevaba ocho años y tres meses de trabajar como secretario judicial del despacho del Juzgado Segundo de Violencia en Matagalpa, cuando se vio forzado a renunciar por la represión del régimen de Daniel Ortega.

Exiliado en Estados Unidos, Morazán relató a 100% Entrevistas cómo el régimen obligó al personal del poder judicial de Matagalpa a alinearse a su postura, y a premiar a aquellos “fieles servidores”. El caso que destacó Morazán fue el de Otoniel Aráuz Torres, quien fuera juez suplente de San Ramón, Matagalpa, y que el pasado 22 de abril actuó como paramilitar y disparó contra un grupo de manifestantes.

Aráuz, quien usó una “ametralladora” para atacar a plena luz del día a los autoconvocados que protestaban contra el régimen, ahora es nombrado juez por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Hubo reclutamiento interno, (el gobierno) pagaban 200 córdobas para que reprimiera (al pueblo)”, expresó Morazán.

Así como Aráuz, el régimen de Daniel Ortega utilizó a otros funcionarios para reprimir a los nicaragüenses, movilizándolos a otros departamentos donde nadie lo pudiera reconocer.

Días de estrés y conspiración

Yader Morazán compartió que en los primeros días de las protestas, los trabajadores del poder judicial vieron la oportunidad para rebelarse y dieron la espalda al gobierno como una forma de repudio a las reformas del INSS, sin embargo, el gobierno los obligó a tomar decisiones a favor del gobierno.

“El gobierno adoptó (en abril) una posición de desesperación y pérdida del control… después de reestructurarse  tomaron la decisión de hacer despidos masivos y contratar a personas vinculadas a paramilitares y policías”, señaló.

Ante este panorama, Morazán se vio obligado a renunciar, ya que al pedir un traslado de puesto, lo mandaron a trabajar al área que dirigía en ese entonces, el paramilitar Aráuz. “Tomé la decisión de pedir mi traslado, pero lo hicieron a la área donde dirigía el juez, hice una apelación a esa decisión porque temía por mi vida”, dijo Morazán, quien agregó que trabaja para reunir testimonios de funcionarios, que le han callado su voz, y hacer la denuncia ante organismos de derechos humanos internacionales.