PEN denuncia noche de violencia y atropellos en Nicaragua

PEN Internacional, Nicaragua denunció a los centros PEN en todo el mundo y a la opinión pública mundial que esta madrugada fuerzas de la policía sandinista, en un ataque directo al periodista Carlos Fernando Chamorro, asaltaron y saquearon las oficinas de los medios de comunicación que él dirige.

“Esta acción fue llevada a cabo luego de que la Asamblea Nacional, cuya mayoría responde a los dictados del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cancelara la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales en Nicaragua”, denunció PEN Internacional.

“Usando la cancelación de la personería jurídica del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) que en años pasados funcionó en el edificio donde están las oficinas de Chamorro, la policía despojó de sus bienes a estos medios que no tienen ninguna vinculación con la ONG cuya personería fue cancelada”, aclara el pronunciamiento. 

PEN Nicaragua condenó esta “brutal y absolutamente ilegal acción contra las instalaciones y bienes de los programas ESTA SEMANA, ESTA NOCHE Y CONFIDENCIAL, y demanda a las autoridades la inmediata devolución de sus medios de trabajo y la indemnización por los daños causados”.

La oficina de la empresa CABAL, una empresa de consultoría en programas de desarrollo, que funcionaba en el segundo piso del edificio donde funciona el medio de comunicación y cuya gerente es la esposa de Chamorro, Desiree Elizondo, también fueron saqueadas y destruidas por la Policía sandinista, sin que les asistiera ninguna orden judicial, ni derecho.

PEN Nicaragua denuncia estos ilegales atropellos a la libertad y demanda al gobierno sandinista que cese sus acciones agresivas contra la libertad de prensa y opinión.

PEN igualmente se solidarizó con las ONG, que también en esa misma noche fueron igualmente violentados por la policía y despojados de sus archivos y medios de trabajo, aún antes de que las cancelaciones de la personería jurídica, que se aprobaron el 13 de diciembre, tuvieran carácter oficial al ser publicadas en la Gaceta, como la ley manda.

“Llamamos al Gobierno de Nicaragua a considerar el efecto que sus acciones agresivas y represivas tendrán para el futuro del país y para sus habitantes. La justicia y la verdad no se matan, agrediendo y amenazando, como bien lo demuestra la historia. Apelamos una vez más a su obligación constitucional de respetar los derechos humanos de los nicaragüenses”, concluyó PEN.